Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2 mil personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidad, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio
El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, lo que ha hundido al país en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente, advirtió este martes la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su último informe, reportó Provea.
«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos. “Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos».
Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el informe.
El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio.
Investigación #Venezuela en la Corte Penal Internacional más fuerte.
— PROVEA (@_Provea) September 17, 2024
La Misión de la ONU denuncia hoy #17Sep que hay “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido” en 🇻🇪 antes, durante y después de elecciones 28J. #HRC57
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«Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso», dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.
En el periodo previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas. Entre estas se incluyen personal militar, así como defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2 mil personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidad, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.
La Misión de Determinación de los Hechos reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.
Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria, recordaron los analistas.
«El plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima», dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos.
«La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico».
El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.
«Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato», concluyó el informe.
