Hay una fila larga. Mucha gente humilde y también algunas personas que parecen de la clase media venida a menos que existe en Venezuela. Un piquete de policías está en la puerta. La incertidumbre en el rostro de las personas que están sentadas en la acera es tan grande que se transmite al ambiente y nos golpea en la cara, en el pecho, se respira.
No saben qué va a pasar.
Esperan, atando cabos de informaciones incompletas que reciben, que leen en los celulares, bien sea consultando alguna red social o los mensajes que le llegan por guasap, esperan que un rayito de esperanza pueda drenar la angustia que los ahoga.
Estamos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, conocido como la «Zona 7». Nos acercamos identificados como «PRENSA». Llegamos a la puerta, pedimos permiso a los policías para hacer fotos y nos dicen: «No hay problema». No son hostiles aunque guardan la distancia sin dar confianza.
Les preguntamos cuántos presos han traído en los últimos días y nos dicen que no manejan la información: «Nosotros estamos aquí para brindar apoyo. Lo que te podamos decir no es exacto y ustedes no pueden decir mentiras».
«Por favor no nos tome fotos, eso nos puede perjudicar a nosotros y a nuestros muchachos que están allá adentro», nos dice una señora que se acerca y nos comenta que tiene a su hijo preso desde el martes 30 de julio.
El mundo al revés.
Nos acercamos a las personas que hacen cola y nos piden que no las identifiquemos. Le damos nuestra palabra y le pedimos que nos dejen conversar con ellas para saber qué está pasando desde la vivencia de los familiares.
«Estamos muy asustados todos los que estamos aquí. La amenaza de que van con todo y sin cuartel la sentimos. Ahora eso que dicen de Tocorón y Tocuyito nos asusta más», nos cuenta una señora que nos explica que llega desde muy temprano a ver si le dicen alguna novedad.
No los han podido ver. No pueden ser representados por un abogado privado, «es una orden presidencial nos dijeron», relata la señora, lo que nos hace confirmar la denuncia que ha venido haciendo Alfredo Romero director presidente del Foro Penal, que al corte del 4 de agosto señala que hay 171 detenidos en el Distrito Capital.
Las presentaciones son colectivas y vía telemática. Los agrupan y les señalan los delitos en paquete: Terrorismo, Resistencia a la autoridad, Asociación para delinquir, Incitación al odio, Obstrucción de vías públicas.
Todas ya son expertas en leyes. Recitan al caletre los artículos de la Constitución que consideran, o les enseñaron, son los que se han violado en los procedimientos a sus familiares.
«Él estaba en una cita médica por Altamira y se prendió el saperoco. Le robaron el celular. Empezaron a caer la bombas y en la corredera lo agarraron y se lo llevaron. Nosotros trabajamos en la administración pública y no nos metemos en esos líos. Aquí estoy esperando a ver qué pasa, pero estoy asustada», dijo una de las madres que hace guardia a las puertas de la Zona 7 de Boleita.
Las historias se repiten con un mismo patrón y las particularidades de los casos. «El fue a la marcha y se hizo una selfie y cuando iba llegando a la casa lo agarraron y se lo llevaron. Él es estudiante y tiene 19 años y tiene buenas notas. Es un muchacho bueno», dice otras de las madres que esperan sentadas en la acera.
«La comida la reciben entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Uno la entrega marcada, pero ahí uno no sabe si le llega. O si le llegan las medicinas que mandamos. Ellos están mezclados con todos los presos, así que si uno manda una arepa esa arepa será para todos los que están allí», nos cuenta otra de las madres.
Dejamos la Zona 7 y seguimos el camino del oficio, pero se queda impregnado en el ánimo la sensación de angustia y de incertidumbre de unos familiares a los que les informaron que tienen que pasar, por lo menos, 45 días en las investigaciones. Para ellos esto solo es el principio de un angustioso y empedrado camino que no saben a dónde los lleva, en el mejor de los casos.
