«Generalmente estos impuestos los colocas cuando la economía va en un crecimiento muy alto y frenas ese crecimiento para conseguir un ahorro para que cuando la economía decrezca, poder solventar esa situación»
El economista venezolano Manuel Sutherland considera que la contribución asignada al sector privado venezolano para el nuevo Fondo de pensiones de Seguridad Social se trata de un impuesto que añade una mayor carga tributaria al empresariado en Venezuela, lo que desincentiva la contratación de personal, así como la formalización del trabajo y desestimula la mejora de salarios: «Cada vez que le aumenten el salario a alguien, vas a tener que pagar un impuesto adicional».
Durante una entrevista para Contrapunto, detalló que este tipo de impuestos podrían acumularse y posteriormente ser descargados sobre el consumidor final, considerando que representa un costo para la empresa: «Hay algunas empresas que tienen un costo laboral muy bajo que impacta de manera muy pequeña al costo total, pero en empresas donde la nómina laboral es importante, sobre todo servicios o quizás un restaurante, por ejemplo, ello va a incidir en los precios y va a causar presión al alza de precios de ese aspecto y puede generar un poco de inflación, dependiendo de cómo se imponga y eso lo va a terminar pagando el ciudadano común».
Bajo este orden de ideas, detalló que esto podría incidir en una nueva disminución del poder adquisitivo de los venezolanos, además de la posibilidad de «que a los pensionados realmente nunca les llegue (el incentivo), y que ese dinero se utilice para otras cosas, porque nadie sabe exactamente hacia dónde va a ir eso».
Recordó que esta alícuota es aplicable a bonificaciones y salarios. Esto implica que «si una persona recibe 300 dólares mensuales, entre bonificación y salario, la empresa puede pagar $45 de impuesto por cada empleado, lo cual es bastante. Dependiendo de la cantidad de personas que tengan en nómina, pueden ser miles de dólares».
Apuntó que esta contribución será descontada del pago del Impuesto Sobre la Renta, pero «el Gobierno te lo va a pagar un año después y tú no sabes a qué tasa te lo va a pagar. Eso no está especificado».
¿Un impuesto electoral?
El también director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) indicó que «mucha gente» considera que puede tratarse de un impuesto electoral: «Como una forma de hacer dinero hoy, sin tener que afectar en gran manera la inflación y poderlo gastar para la campaña«.
No obstante, explicó que la distribución de los fondos no tiene posibilidad de ser monitoreada porque «no hay estadísticas, ni de auditar o de fiscalizar nada. El Gobierno tiene centralizado todos los poderes y cualquier solicitud de revisión es considerado tradición a la Patria».
«No se sabe cuánto se puede obtener de este impuesto terriblemente erróneo y mal estructurado. Lo que yo creo es que ellos pueden formar parte de ese dinero y organizar verbenas, romerías e incluso bingos para las personas adultas mayores. O regalarles una camisa roja, una gorra roja y decir que están ayudándome a las pensiones (…) probablemente ese dinero se derive hacia las misiones«, supuso al desconocer el sistema de distribución de la contribución empresarial.
Una medida «errónea»
Sutherland considera que se trata de una medida «errónea», al considerar que la economía venezolana necesita crecer: «Tiene una caída acumulada hasta el 2021 de probablemente 70% u 80%, entonces tiene una destrucción en su base estructural de crecimiento».
Detalló que en estos entornos, los impuestos «lo que hacen es enfriar y apagar los motores de la economía«, además de disminuir la fuerza que se necesita para crecer: «Generalmente, estos impuestos tú los colocas, cuando la economía va en un crecimiento muy alto y frenas ese crecimiento y generas un ahorro para cuando la economía decrezca, poder solventar esa situación».
Sostuvo que Venezuela tiene «montones» de impuestos y «probablemente» tiene una de las presiones tributarias más altas del planeta, en especial en lo referido a la tributación parafiscal: «Todo esto hace que producir sea muy difícil, sea muy caro. Son muy complicados, muy costosos y son trabas y trabas a una economía que no resiste más. Entonces no, no me parece que es el camino».
Fomenta la doble tributación
Destacó que este impuesto «cae en la doble tributación», ya que todas las empresas se encuentran en la obligación de pagar un tributo al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por cada empleado sobre el salario.
Por lo que, en este caso, «están imponiendo otra sobre-tasa a algo que ya existe. Con corregir el salario mínimo elevándolo un poco, ya se podría simplemente recoger mucho más con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales que con el Fondo de Pensiones». Sin embargo, sostiene que el Gobierno tiene la finalidad de mantener una política apegada a las bonificaciones salariales.
Empresas públicas exoneradas
Recordó esta que todas las empresas públicas están exoneradas del pago de esta contribución especial, recayendo únicamente sobre el sector privado, lo que estima «incomprensible y no tiene ninguna razón de ser».
Puso como ejemplo el caso de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), que a pesar de ser una de las compañías que genera más divisas, no se encuentra en la obligación de asumir esta alícuota: «Entonces, una señora que vende empanadas en Margarita y tiene dos empleados, tiene que pagar el impuesto, pero Pdvsa, que produce 800 mil barriles (diarios) no tiene que pagar nada».
Aseveró que un entorno ideal, este tipo de impuestos no existiría, mientras que en un entorno «más o menos sensato, el pago del IVSS correspondería a todas las empresas por igual».
