Entre 2013 y 2023 se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, registró la organización de derechos humanos
La gran conclusión de los informes presentados este martes por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es que los años de gestión del mandatario Nicolás Maduro han sido «una década oscura para los derechos humanos».
Oscar Murillo, coordinador de la organización, analizó que esto se asocia con la doble ruptura de un pacto social: No solo se viola la Constitución Nacional, sino que se persigue al que protesta por ese desconocimiento de la Carta Magna.
Entre 2013 y 2023 más de 10 mil personas fueron asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado, explicó Lissette González, coordinadora del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea.
En el mismo lapso hubo 43 mil víctimas de violaciones a la integridad personal, lo que incluye 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Provea advierte que, más allá de la retórica, el de Maduro es «un gobierno antiobrero»: Como lo citó Murillo, 120 dirigentes sindicales han sido detenidos arbitrariamente y 3.479 trabajadores han sido amenazados.
En la década de Maduro, en hechos asociados con la minería ilegal, 47 integrantes de pueblos indígenas han fallecido. «Tenemos comunidades enteras que han sido desplazadas por la minería ilegal y la violencia que ha traído consigo este modelo extractivista», destacó Murillo.
La prevalencia de la subalimentación aumentó 20% «en apenas 10 años» y solo en 2023 «alcanzó 22,9%, la cifra más alta en la región», y afectó a 6,5 millones de personas.
En los 10 años de gestión de Maduro se contabilizaron 408.708 denuncias de vulneraciones del derecho a la salud. «Nos llama poderosamente la atención que en el informe de 2023 tenemos más de 100 mil», lo que implica «el registro más alto de la década».
En el balance de la década de Maduro, el coordinador de Provea presentó las cifras de pobreza y aseveró que la situación de empobrecimiento «está mucho antes de la declaratoria de sanciones». La pobreza no es solo estadísticas: «Son rostros, son vidas. Es gente que enflaqueció, gente que se fue del país, gente que murió».
El empobrecimiento del país, la destrucción de los servicios públicos y del salario ha tenido consecuencias como la migración, el descontento, la movilización de los venezolanos «que desean vivir de otra manera»; la respuesta del Estado ha sido «tratar de controlar ese descontento y sus posibles efectos», indicó González.
Murillo solicitó apartar de cualquier paquete legislativo las propuestas de ley contra el fascismo y sobre el funcionamiento de las ONG. Estas leyes «merecen nuestra reprobación», indicó.
Las perspectivas para este año 2024, año electoral, no son mejores. Lo que González anticipa es más represión.
