La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo a Venezuela
«Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina, la cual, sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada«, señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.
Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que «relega a las víctimas y protege a los victimarios, y donde la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje», una afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.
Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que «el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura e, incluso, la muerte, y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos».
La alianza sostuvo que a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia. «No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa», apuntó.
La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo a Venezuela.
