Guyana condenó la promulgación de la normativa por parte del Parlamento venezolano
Venezuela rechazó los cuestionamientos realizados por la Organización de Estados Americanos (OEA), en torno a su Ley para la Defensa del Esequibo, además de tildar de “impresentable” a su secretario general, Luis Almagro.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, condenó a Almagro por “cuestionar los actos soberanos de Venezuela, que reitera su posición antiimperialista, soberana e independiente».
Describió al secretario de la OEA como «un personaje gris, oportunista y reptil de las líneas del imperialismo norteamericano que pasó a la historia como un fiasco para América», reseña la agencia EFE.
De esta manera, Padrino López se refirió a una publicación de Almagro, quien compartió un comunicado de la OEA, donde tildó de ”fascista” la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba impulsada por el Ejecutivo Nacional, con el fin de dar un marco legal a los planes de Venezuela de anexionarse esta zona rica en petróleo.
«Esta Ley pone en riesgo la seguridad no solamente de Guyana, sino también la paz y seguridad hemisférica», precisó la OEA.
La Ley fue aprobada en marzo pasado por la Asamblea Nacional (AN) y promulgada la semana pasada.
Guyana describió la ley como “una flagrante violación de los principios más fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas», visión a la que se sumó la OEA.
«Es absolutamente contraria a los más elementales principios del derecho internacional y reafirma una vez más el patrón dictatorial de quien detenta el poder en Venezuela. La utilización combinada de la represión interna con la postura agresiva del régimen hacía la República Cooperativa de Guyana es un nuevo hito en la espiral infinita de pobreza moral y política del régimen venezolano”, apuntó el organismo.
Una delegación de Venezuela, encabezada Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (que se declaró competente para decidir al respecto) para defender «la verdad histórica» de su país y entregar «evidencias» de su titularidad sobre la zona disputada.
