Alertan que el cambio climático no solo agrava el hambre y la inanición en el mundo, sino que además contribuye a conflictos que golpean la vida y los derechos humanos de las personas, así como al desplazamiento forzado
El problema del cambio climático y su creciente impacto en la inseguridad alimentaria se debatió este jueves, 14 de marzo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde los expertos han alertado sobre la interconexión preocupante entre ambos fenómenos actuales.
La alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, inició el debate recordando que más de 333 millones de personas en el mundo se enfrentaron el año pasado a niveles agudos de inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de casi 200 millones en comparación con niveles prepandémicos.
Esta creciente inseguridad alimentaria, subrayó Al-Nashif, se ve motivada en gran medida por el cambio climático, con efectos como olas de calor, sequías, subidas del nivel del mar o inundaciones que causan estragos en los cultivos y los sistemas de producción y distribución de alimentos, provocando pérdidas a las comunidades que los sustentan.
«Los impactos climáticos agravan la inseguridad alimentaria, mientras que la dependencia excesiva de los sistemas alimentarios industriales exacerba el cambio climático y la vulnerabilidad de las comunidades», afirmó la alta comisionada adjunta ante delegados de países miembros de la ONU.
Además, alertó que el cambio climático no solo agrava el hambre y la inanición en el mundo, sino que además contribuye a conflictos que golpean la vida y los derechos humanos de las personas, así como al desplazamiento forzado que las expulsa de sus hogares y tierras.
Ante esta situación, aseguró Al-Nashif, «los Estados deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas, campesinos, personas en situación de pobreza y vulnerabilidad y otros grupos a poseer, acceder y utilizar de forma sostenible las tierras y los recursos».
También instó a la comunidad internacional a poner en marcha planes de financiación y políticas que propicien sistemas alimentarios «más sostenibles, equitativos y resistentes al clima», así como una mayor protección social que garantice que las personas sigan teniendo acceso a alimentos de calidad.
En este sentido, la alta comisionada adjunta puso el ejemplo de los planes financieros desarrollados actualmente por varios países para impulsar la producción local de alimentos por cooperativas o la capacitación de las comunidades pesqueras para perseguir medios de vida más sostenibles.
No obstante, a pesar de estos avances, advirtió que, si no se toman más medidas para poner fin a esta situación, casi 600 millones de personas seguirán padeciendo hambre a finales de esta década, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
