Una década después de los asesinatos perpetrados ese día no ha habido justicia completa, señala el coordinador del Frente Norte de Caracas y ex preso político
Durante 10 años el activista Carlos Julio Rojas ha mantenido una suerte de altar popular y callejero en una esquina de la Candelaria: Tracabordo. Cada 12 de febrero, sin importar colores políticos, Carlos Julio recuerda a quienes fallecieron en las protestas antigubernamentales registradas ese día en el centro de Caracas: Juancho Montoya, dirigente chavista e integrante de un colectivo, y el primero que cayó víctima de disparos. Bassil Da Costa, joven manifestante opositor, también asesinado ese día. Este espacio de homenaje incluye a otras víctimas: José Alejandro Márquez, muerto a golpes propinados -como lo reitera Carlos Julio- por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en febrero de 2014. Conan Quintana, dirigente estudiantil abatido por la delincuencia en 2015; y Luis Ángel Álvarez.
«Los cinco son una voz rebelde. Juancho tenía sus ideales; yo no los compartía, pero fue asesinado por el monstruo, y muchas veces el monstruo se come a sus hijos. Los demás levantaron su voz por democracia, libertad y dignidad», concluye.
La protesta de ese 12 de febrero fue «una expresión de la gente» que los políticos bautizaron como La Salida. «Nosotros lo vemos como el inicio de una rebelión popular», destaca. «Yo mismo estaba montado en la tarima como líder vecinal. Fue un proceso de insurgencia pacífica, democrática y constitucional de la gente que estaba molesta».
El país venía de las elecciones presidenciales de abril de 2013 «y todavía nos preguntamos si ganó Nicolás Maduro, porque la diferencia fue muy estrecha, no se contaron todas las papeletas» y ya comenzaban las colas.
Volvemos al 12 de febrero. «La movilización llegó pacíficamente hasta la Fiscalía (hacia las 12 del mediodía) y después todo el mundo se retiró. Era una movilización bastante grande, encabezada por los chamos. Los chamos se quedaron en los alrededores, y llegó la policía, llegaron los colectivos y comenzaron a reprimir». Según sus recuerdos, hora y media después se desató la represión. «Los colectivos llegaron a las puertas de la Fiscalía para causar destrozos y culpar a los manifestantes».
El plan del gobierno o de algunos factores gubernamentales, estima el defensor de derechos humanos, era generar violencia. «A Juancho lo matan colectivos armados; eso está demostrado. Bassil Da Costa fue asesinado por un funcionario del Sebin presuntamente escolta de Rodríguez Torres». Era la 1:30 pm, aproximadamente. Horas más tarde, un joven que lo auxilió, Roberto Redman, fue asesinado en la avenida Élice de Chacao.
Aunque se puede castigar a los autores materiales, y algunos han sido juzgados, no hay sanción para los autores intelectuales, como «el director del Sebin; Rodríguez Torres, como ministro de Relaciones Interiores; Nicolás Maduro», insiste Carlos Julio. «El nivel de represión fue brutal, brutal. Hoy no ha habido justicia. Nadie puede decir que eran niñitos de la ‘high’. Bassil era carpintero, Juancho Montoya era de ellos mismos».
A Márquez, en el contexto de las protestas, «lo corretearon funcionarios de la Guardia Nacional, se cayó, le cayeron a patadas en la cabeza. Lo montaron como un saco de papas en la parte de atrás de la camioneta y lo lanzan, entre la vida y la muerte, en el Hospital Vargas de Caracas», donde falleció.
Quintana, quien puso dos de las placas, se convirtió él en una placa en 2015: falleció «por la inseguridad a dos cuadras del Ministerio de Relaciones Interiores. Que te maten por inseguridad a dos cuadras de ese ministerio es inaudito», sentencia. Varios de los casos están en la Corte Penal Internacional.
Carlos Julio, con 39 años de edad, ya ha sido preso político. Diez años después no se queda callado: «la situación del país está peor» y los problemas se agravaron. Sigue en pie de protesta y sigue recordando a los que considera los mártires de la Candelaria. Este lunes 12 de febrero no será la excepción.
