El cese al fuego ha supuesto una reducción general de la violencia, aunque ha tenido altibajos que han generado incertidumbre sobre el conjunto del proceso de paz, como el secuestro por parte del ELN de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool
El Gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este lunes un acuerdo para prorrogar siete días, hasta el 5 de febrero, el actual cese el fuego bilateral y nacional, pactado por seis meses y que concluía en horas.
El acuerdo se cerró en La Habana, donde ambas partes están celebrando el sexto ciclo de diálogos de paz desde el pasado 22 de enero con la prórroga del cese el fuego como principal punto de las negociaciones. A la mesa se sumó este fin de semana el ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez Gómez.
El comunicado conjunto asegura que en los próximos días de la ronda de contactos en Cuba proseguirá la «evaluación» del cese el fuego y que al término del ciclo, previsto inicialmente para el 6 de febrero, se «firmará la prórroga», que «fortalecerá, desarrollará e incluirá» nuevos aspectos del cese.
Según la nota, en estos siete días extra de cese se mantendrán las condiciones acordadas para el cese en el tercer ciclo de diálogos de paz, celebrado también en La Habana. Ese período entró en vigor el 3 de agosto y concluía este 29 de enero.
La prórroga del cese el fuego es el punto fundamental de las negociaciones de paz en Cuba. Ambas partes pusieron por escrito al término del quinto ciclo, celebrado en México, que tenían la «voluntad» de mantenerlo. Sin embargo, había diferencias entre las dos partes en cuanto a los detalles.
El ELN pedía «garantías» de que el cese cumpliera «su función principal», que desde su punto de vista es mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil en las zonas afectadas por el conflicto.
El Gobierno colombiano, por su parte, quería ampliar los términos y el conjunto de acciones violentas prohibidas incluidas en el cese de hostilidades.
El actual cese el fuego se limita a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora Vera Grabe, «que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población».
