En el caso de las personas transgénero, la situación empeora, pues, en lo que va de año, la organización ha documentado 40 casos de agresiones y tres asesinatos, lo que ha encendido las alarmas de la comunidad
Activistas por los derechos del colectivo Lgbtiq+ de Venezuela instan al Estado a que admita su solicitud de crear un protocolo de investigación que garantice la justicia para las personas transgénero víctimas de delitos «basados en prejuicios», tras revelar recientemente que 93 mujeres trans fueron asesinadas en el país desde 2008, dijo a EFE este jueves el activista Jeffrey Rodríguez.
Rodríguez explicó que la idea del Observatorio Venezolano de Violencias Lgbtiq+, que lidera esta iniciativa, es que se incluyan, entre los actuales mecanismos de investigación oficiales, componentes que permitan calificar como crímenes de odio hechos en los que las personas trans asesinadas sufren ensañamiento y exposición pública.
Para atajar estas carencias, la organización y otros activistas solicitaron recientemente a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía establecer «mesas técnicas» para trabajar juntos en un protocolo que garantice el abordaje «multifactorial» de estos hechos y su prevención, una propuesta que aún espera respuesta.
Rodríguez, también abogado y cofundador del observatorio, explicó que las investigaciones por crímenes de odio o de violencia de género no existen en Venezuela, por lo que el planteamiento busca garantizar que las agresiones por estas razones sean castigadas y la víctima «acompañada y respaldada».
«No hay una diferenciación entre un homicidio por motivos de odio y un homicidio simple, por ejemplo. A nivel legal son considerados lo mismo, pero (…) los efectos que trae, no solamente hacia la persona y sus familiares, sino también hacia la sociedad, son completamente distintos, porque hay cargas prejuiciosas, hay comportamientos que son reforzados por la misma sociedad», aclaró.
Indicó que, según parámetros internacionales, este protocolo permitiría reconocer y castigar a quienes cometan hechos que entren en la clasificación de «discursos basados en prejuicio» o «incidentes basados en prejuicio», una categoría que hace referencia a «situaciones que no pasan a contexto mayor, pero afectan a la víctima».
Además, se incluirían también los «crímenes por prejuicios», otros hechos que involucren «violencia extrema» y estén asociados a componentes de discriminación y, finalmente, los suicidios o violencia autoinflingida, asociados también a segregación, exclusión o similares.
Al respecto, el activista Yendri Velásquez, también miembro del observatorio, explicó a EFE que Venezuela no cuenta con una legislación que tipifique estos delitos «basados en prejuicios», ya que «hay una invisibilización de los impactos» de la «violencia estructural, y terminan siendo delitos comunes» o se imputan «otros agravantes que no necesariamente atienden a una persona LGTBIQ».
Los defensores de derechos humanos aclaran que es responsabilidad del sistema de Justicia tipificar delitos como «crímenes de odio», pero consideran que promover investigaciones que consideren el contexto social de las víctimas sería un paso importante.
El observatorio recuerda que al menos 151 personas Lgbtiq+ sufrieron violencia o discriminación por identidad de género y orientación sexual durante el primer semestre de 2023 y que es necesario el acompañamiento institucional para demostrar «voluntad» en cambiar esta realidad.
