«La minería ilegal no ha dejado de aumentar y no ha habido medidas efectivas por parte de las autoridades para detenerla», señaló
SOS Orinoco solicitó a la Unesco, en una carta pública, que insista en visitar el Parque Nacional Canaima y constatar el avance de la minería ilegal. La organización indicó que el gobierno venezolano ha intentado modificar el proyecto de decisión sobre el Patrimonio Mundial para que los representantes de la Unesco no acudan al lugar.
«Es urgente e imperativo que la Misión de Monitoreo vaya a Venezuela para verificar el verdadero estado del sitio», planteó. Incluso, recomendó a los integrantes de la Misión que se centren «en las más de mil hectáreas de minas a cielo abierto que actualmente están operando dentro del parque nacional, y las decenas de balsas mineras que son movilizadas y escondidas, cuando es necesario, por mineros ilegales».
Es un hecho «que gran parte de esta minería está siendo operada por pueblos indígenas en colaboración con autoridades civiles y militares. Además de los graves daños causados a los recursos naturales y paisajísticos, la intensa minería está contaminando los cursos de agua con mercurio, afectando gravemente a las poblaciones indígenas del área protegida y a los pueblos ubicados aguas abajo de la cuenca del río Caroní», refirió la organización.
«La minería ilegal no ha dejado de aumentar y no ha habido medidas efectivas por parte de las autoridades para detenerla», señaló. «No existe una administración efectiva sobre el terreno por parte de Inparques (la entidad administradora oficial de parques nacionales de Venezuela) o cualquier otra autoridad gubernamental para administrar este sitio de manera positiva y efectiva dentro de los estándares requeridos por la UNESCO. La capacidad de los guardaparques es un aspecto esencial que debe abordarse en la inspección».
Canaima no enfrenta amenazas, aclaró SOS Orinoco, sino «daños reales, tangibles y severos causados por la minería ilegal dentro del parque que aumenta mensualmente y cuyo impacto es muy notorio».
La oferta de una futura ampliación del parque nacional «no es más que una fanfarronada para minimizar la magnitud de la inaceptable existencia de la minería ilegal. El área protegida sólo cubre la cuenca oriental del río Caroní, por lo que cualquier ampliación del área debe estar encaminada a proteger la integridad de la cuenca alta del río Caroní, es decir, su margen occidental, donde la actividad minera es aún más intensa».
