Líderes de la CTV entregaron documento ante el Ministerio Público exigiendo apelación de condena de los 6 trabajadores por 16 años y la revisión de leyes antiterroristas en el país
Este jueves 24 de agosto, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, el Comité de Conflicto de Trabajadores en Lucha, miembros de los gremios del magisterio y la salud, anunciaron nuevas acciones de protestas para el mes de septiembre con el fin de exigir al Ejecutivo Nacional, el respeto por sus derechos humanos, laborales y gremiales.
Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la CTV y director de los derechos humanos de la confederación, denunció la violación de los derechos humanos de diversos líderes sindicales, trabajadores y presos políticos que han sido sentenciados por el TSJ y privados de libertad tras la implementación de leyes antiterroristas por exigir sus reivindicaciones laborales y salariales.
Quiénes son los involucrados
Algunos de los trabajadores y líderes sindicales quienes se mantienen en privativa de libertad son: Reinaldo Cortés, miembro del Consejo de Trabajadores del estado Guárico de la CTV, Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios, Gabriel Blanco, miembro de la alianza sindical independiente, Alonso Meléndez, ingeniero pesquero del estado Falcón, Alcídes Castillo, miembro del movimiento de educadores Simón Rodríguez, Néstor Astudillo, dirigente comunitario de Charallave, líderes sindicalistas de SIDOR, «(…) y otros 24 compañeros de la dirigencia sindical que están bajo el régimen de presentación con acusaciones de terrorismo, asociación par delinquir, conspiración, instigación al odio, leyes que son aplicadas a la discreción del Ejecutivo Nacional», señaló Moreno.
El secretario ejecutivo de la CTV señaló que en los próximos meses «vamos a acompañar la lucha con el gremio del magisterio para que se reconozcan las deudas del convenio laboral que el gobierno nacional no ha cumplido a los maestros y profesores del país.»
Destacó una política de Estado que no ofrece soluciones para concretar un aumento del salario mínimo. «Estamos enfrentando una política de Estado pretenden presentar un proyecto de contrato colectivo sin aumento de salarios manteniendo las políticas de bonificación de los ingresos de los trabajadores.»
Denunció que las leyes antiterroristas en Venezuela se están utilizando para culpabilizar a la dirigencia social que está luchando por aumento de salarios, seguridad social y relaciones colectivas.
«Vamos a darle un parao a esta política antiobrera, antipopular que desarrolla la administración de Nicolás Maduro», ni la OIT, ni la Comisión de Verificación de hechos no han adelantado nada.»
«Nosotros vamos a insistir. Venezuela no se puede desvincular sobre el derecho del reconocimiento de los derechos laborales, la legislación laboral contempla que un salario y unas pensiones de $4,15 al mes es una grosería. El BID que en nada tiene que ver con los derechos laborales, señala que cualquier ingreso por debajo de $2,15 diarios, no puede considerarse salario. Es un ingreso de mendicidad y supervivencia, cualquier salario por debajo de $65 no es considerado salario.»
Revisión y apelación de la sentencia por 16 años contra los luchadores sociales
Dick Guanique, miembro de la CTV exigió además la revisión de la sentencia de los 6 trabajadores condenados a 16 años de prisión.
«Estamos exigiendo la participación del fiscal en relación al juicio de 6 trabajadores quienes fueron condenados a 16 años de cárcel, un juicio amañado, un juicio sin ningún tipo de pruebas contra estos compañeros y donde el fiscal ha señalado que no se trata de luchadores sociales, ni dirigentes sindicales cuando él sabe, y está en el expediente incluso, que las pruebas evidencian que son dirigentes sindicales y luchadores sociales.»
Denunció «la campaña de persecución, de acoso y de detenciones, recientemente el enfermero José Cádiz, quien fue detenido por la PNB.»
Actualmente «hay una gran cantidad de casos de ciudadanos detenidos por razones políticas y sus juicios paralizados. Estamos solicitando que el fiscal intervenga como garante de los derechos constitucionales para que se detenga la situación de persecución en el que no puede ser que a la gente se le persiga por exigir derechos laborales, derechos constitucionales», señaló.
Cabe destacar el caso de Javier Tarazona, coordinador nacional de Derechos Humanos, «quien está pagando cárcel porque ha denunciado las tramoyas que ha habido en la fronteras venezolanas, de negociaciones de violación de una serie de principios democráticos», señaló Guanique.
Caso Oswaldo Castillo, involucrado en sucesos de atentando presidencial el 4 de agosto de 2018
Miliani Castillo, hermana del preso político Oswaldo Castillo, detenido desde el 6 de octubre de 2018, tiene 5 años privado de libertad y fue sentenciando a 30 años de prisión.
«Está preso sin haber cometido ningún delito. Le impusieron cargos por traición a la Patria, terrorismo, asociación para delinquir y homicidio en grado de frustración puesto que lo vinculan al caso dron, por lo que se encuentra detenido en el Sebin, Helicoide», denunció Castillo.
Exigió conjuntamente con los líderes de la CTV, el respeto por los derechos humanos de los venezolanos.
«Este es un sistema judicial perverso, cruel, que sentencia a las personas sin ninguna prueba. Los dos testigos que están involucrados en el caso de mi hermano, son funcionarios del Sebin, y ambos dijeron en tribunales en tribunales se grabó, en las cámaras de los tribunales se grabó que él no participó en esos actos por los que se le acusa injustamente», concluyó Castillo.
