La violencia y amenazas de muertes, encuentran como aliado a la impunidad permitida por la justicia penal, señaló Narváez
El exparlamentario abogado y defensor por los derechos civiles, Rafael Narváez, condenó la «conducta sistemática» que mantiene el Estado en contra de los derechos políticos de la ciudadanía, la intervención de los partidos despojando a sus directivas, el secuestro de sus siglas y tarjetas, por decisiones del TSJ, sin el derecho a la defensa.
También hizo mención a las «inhabilitaciones contra dirigentes políticos emanadas de un ente que asume de hecho funciones del Ministerio Público y Poder Judicial, que lo convierte en un usurpador de funciones, con abuso de poder ante la mirada complaciente de todos los poderes públicos».
Por otra parte, Narváez hizo referencia a la renuncia «obligada» de todos los rectores principales del CNE.
«Estoy seguro que el que se conforme no será imparcial, colocando nuevamente en riesgo la soberanía popular que reside en el voto directo y secreto, la inobservancia por parte de la justicia penal ante la violencia de grupos violentos afectos al gobierno desatada contra los candidatos a las primarias de la disidencia opositora».
De igual forma, el defensor por los derechos civiles mostró preocupación por la orden de las autoridades de activar el plan República, antes de fijar fecha de las próximas elecciones presidenciales del año 2024.
«El comportamiento de este plan siempre ha sido para limitar el ejercicio del derecho al voto de los electores y servir de movilización de ciudadanos afectos al gobierno», dijo.
Para finalizar el exparlamentario exigió al Estado facilitar el camino electoral y garantizar el respeto a los derechos políticos «como derecho humano establecido en nuestra Constitución y en los pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano».
