En declaraciones a EFE, Saab insistió en que la información difundida por ONG y por la defensa los detenidos «es falsa», y subrayó que son «conspiradores, no personas que defendían los derechos de los trabajadores» en una protesta en julio del pasado año, mediante la cual pretendían «atacar a la democracia»
Tarek William Saab, fiscal general, reiteró que los seis hombres condenados la semana pasada a 16 años de prisión no son sindicalistas, ni trabajadores de empresas públicas o privadas, sino «conspiradores», ya que agregó «no están inscritos en el seguro social» ni afiliados a «ninguna organización sindical».
Explicó que, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde se registran los empleados que trabajan legalmente, los condenados figuran como «cesantes» y que ninguno de ellos presentó durante el juicio constancias que los acreditaran como miembros de alguna organización sindical.
El fiscal reiteró que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín pertenecían a una «organización subversiva» que actuaba «al margen de la ley (…) conspirando contra la democracia en el país».
Aseguró que el grupo había planificado acciones contra el Gobierno, como «actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio del año 2022″, donde se encontraba el presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar».
Además, el fiscal informó que trató este caso con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Caracas, quienes, aseguró, «quedaron satisfechos» con la información que se les brindó, la cual sustenta que los hombres no fueron procesados por solicitar mejoras salariales.
En paralelo, ONG y organizaciones gremiales exigen la libertad de los encarcelados, tras haber recibido penas de 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
