Instan al Estado a tomar medidas para garantizar la no repetición de los hechos a través de políticas educativas, orientadas a los organismos de seguridad del Estado, incluido el Poder Judicial, para que estos tengan una visión imparcial, no discriminatoria y con un profundo enfoque de derechos humanos
La organización no gubernamental, País Plural, denuncia la admisión de acusación de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y «contaminación sónica”, por parte de la Fiscalía Quinta del estado Carabobo a los 33 hombres detenidos durante un allanamiento ilegal en el Avalon Club Spa en Valencia (Carabobo) como un precedente negativo en la lucha por los derechos de la población Lgbtiq+ en Venezuela.
Esta acusación «puede ser el primer paso hacia la criminalización sistemática de personas Lgbtiq+ en el país», indican en una nota de prensa.
“Esto marca una violación a la Constitución y los tratados de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano”, alerta el director general de País Plural, Daniel Picado, de acuerdo con la nota.
Agregan que la decisión marca un antecedente peligroso para la comunidad Lgbtiq+ en Venezuela, pues los alegatos presentados en el tribunal que llevó la causa podrían usarse como una herramienta de persecución política y judicial hacia personas de la comunidad e instaurarse como una nueva política de Estado.
Ante esto, desde País Plural, exigen al Poder Judicial el sobreseimiento de la causa, la eliminación de todos los cargos imputados por la Fiscalía y la libertad plena para las 33 personas arbitrariamente detenidas.
Además, «invitamos a los funcionarios de las instituciones del Estado a que se aboquen a la reparación de las víctimas por la exposición y escarnio público a los que fueron sometidos. Del mismo modo, hacemos un llamado de atención a los medios de comunicación responsables de desvirtuar la noticia y profundizar los estigmas alrededor de la comunidad Lgbtiq+ y el VIH».
