AI instó a las autoridades rusas a que deroguen estas leyes represivas, pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones
Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes 21 de julio que las autoridades de Rusia emplean tácticas cada vez más crueles para reprimir el activismo contra la guerra y que solo en 2022 sometieron a represalias a más de 20.000 personas por oponerse a la invasión del Kremlin en Ucrania.
«Quienes protestan pacíficamente contra la guerra en Ucrania, quienes comparten información crítica sobre las Fuerzas Armadas rusas afrontan duras sanciones penales, administrativas y de otra índole”, afirmó Oleg Kozlovsky, investigador de AI, en una nueva publicación sobre la situación de los derechos humanos en Rusia.
En Rusia, añadió, “se adoptan y aplican inmediatamente nuevas y absurdas leyes que criminalizan a quienes expresan libremente sus opiniones” y se celebran “juicios flagrantemente injustos, para repartir penas de prisión y cuantiosas multas para silenciar a las personas críticas ante la más mínima disidencia”.
Según Kozlovsky, en 2022, más de 21.000 personas fueron sancionadas por este tipo de “delitos” en Rusia, de las que 2.307 recibieron penas de arresto y el resto fueron condenadas al pago de cuantiosas multas, principalmente por participar en protestas callejeras pacíficas contra la guerra o por criticarla en internet.
Además, subrayó el investigador de AI, más de 150 personas han sido procesadas penalmente por “desprestigiar” a las Fuerzas Armadas o a los organismos del Estado, muchas de ellas ya han sido declaradas culpables y condenadas a penas de prisión.
Entre los afectados se encuentra el radioaficionado Vladímir Rumiantsev, que fue condenado a tres años de prisión por emitir desde su apartamento informaciones sobre la guerra de medios de comunicación independientes y blogueros proscritos por las autoridades.
AI instó a las autoridades rusas a que deroguen estas leyes represivas, pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones y garanticen la protección del derecho a la libertad de expresión.
EFE
