«El que tiene que tener un periodo de adaptación inmediato a la Constitución eres tú, que eres un perpetrador de crímenes de lesa humanidad», replicó el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres en respuesta al director del penal, Mauro Alexis Suárez
Los trabajadores de Sidor detenidos hace más de una semana, Daniel Romero y Leonardo Azócar, recluidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), no han sido vistos por sus familiares. Lo denunció este lunes Eduardo Torres, abogado y defensor de derechos humanos. Torres advirtió, además, que un funcionario de la Dgcim les explicó que Romero y Azócar se encuentran en «periodo de adaptación» en ese organismo policial.
«El lunes pasado fuimos a exigirle al defensor del pueblo que, con base en la Constitución y la propia ley de la Defensoría del Pueblo, interpusiera el hábeas corpus, porque a nosotros los abogados y familiares de cientos de presos los tribunales nos hacen caso omiso», detalló Torres en el contexto de la protesta de trabajadoras y trabajadores públicos en el centro de Caracas.
Recordó que el pasado martes 20 de junio una vocera de la Defensoría del Pueblo les dijo que podían acudir a la sede de la Dgcim y buscar allí al director del penal, Mauro Alexis Suárez. «Este ciudadano, director de ese penal, es un perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Este ciudadano, Mauro Alexis Bracho Suárez, tuvo el tupé de decirles a los familiares que él está por encima del artículo 44 de nuestra Constitución, que establece que todo detenido tiene el derecho de ver inmediatamente a sus familiares, abogados o cualquier persona de confianza», informó.
Torres aseveró que «este ciudadano, Mauro Alexis Bracho Suárez, les dijo que los presos que pasan por la Dgcim tienen que tener un periodo de adaptación de 15 días, de 30 días o de 45 días; que él lo determina. Pues no, Bracho Suárez: el que tiene que tener un periodo de adaptación inmediato a la Constitución eres tú, que eres un perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Estás vulnerando la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos». De estos hechos «ya está informado el alto comisionado para los derechos humanos, la misión de determinación de hechos y la oficina de víctimas de la Corte Penal Internacional en La Haya».
