«El ejemplo de los trabajadores debe inspirar a todo el pueblo para el rescate de Venezuela», enfatiza el abogado defensor de trabajadores presos y activista de derechos humanos
No hay protesta por derechos laborales o actividad por la defensa de los trabajadores presos en las que no esté presente Eduardo Torres. Delgado, siempre con corbata y traje, Torres es uno de los símbolos de este ciclo de manifestaciones contra las políticas del mandatario Nicolás Maduro que comenzó en marzo de 2022. Se ha plantado ante el Ministerio Público, ante la Defensoría del Pueblo y ante el Palacio de Justicia con papeles y palabras. Las respuestas institucionales han sido la excepción y no la regla. Sin embargo, el abogado continúa emplazando a las autoridades.
«El ejemplo de los trabajadores inspirará a todo el pueblo venezolano para el rescate de Venezuela, porque estamos en una encrucijada. Trabajadores y pueblo llegamos a una encrucijada. El gobierno de Maduro, a la fuerza, nos ha quitado todo, y la última estocada la dio el 1 de mayo al pretender eliminar el salario, las prestaciones y las incidencias del salario en el bono vacacional y la bonificación de fin de año», explica.
Torres recuerda lo sucedido en 2022, cuando a los maestros les anunciaron que les pagarían el bono vacacional en un año, lo que generó protestas hasta que les restituyeron la bonificación. En este momento «Maduro no plantea que pagará después, sino que está eliminando todo», y el reto «es la unidad de la dirección del movimiento de trabajadores».
Otro elemento a superar, a su juicio, es el miedo y el terror, porque los trabajadores «han sufrido mucho, han sido más de 20 años de hostigamiento; se han aprobado instrumentos como las zonas económicas especiales, a un dirigente como Rubén González lo dejaron preso por la huelga en Ferrominera. Hay también las acusaciones de asociación para delinquir y conspiración que colocaron a centenares de trabajadores bajo régimen de presentación, como si fuesen delincuentes».
Denuncia la creación de la figura del «patriota cooperante», sin rostro, que ha sido utilizada para encarcelar a seis luchadores sociales: «A los seis trabajadores que están presos por luchar contra el instructivo de la Onapre les aplicaron esa fórmula». Igualmente se recurre a la ley contra el odio «con un sistema judicial que no es autónomo y no es imparcial». El abogado refiere el caso de los trabajadores Joanna González y Guillermo Zárraga, todavía presos, y de Rodney Álvarez, «quien estuvo 11 años preso injustamente por un crimen que no cometió y ahora exige reenganche y pago de salarios: eso es dignidad».
Torres rememora que, por las gestiones de Fedecámaras ante la OIT, se activó la comisión de encuesta para el caso venezolano, que solo se organiza «en los países en los que el desastre económico y la vulneración de derechos es muy grande». En Venezuela se buscan mecanismos consensuados para la fijación de salarios mínimos, libertad sindical y tripartismo.
¿Se pueden aumentar los salarios? «Claro que sí, pero con cuentas claras: saber cuánto nos entra por petróleo, coltán, diamantes. La recuperación del salario es la única vía para recuperar la economía, porque si tu aumento no es con dinero inorgánico sino con cuentas claras generas condiciones para que produzcamos y para que haya una oferta que puede se cubierta». El diálogo con la OIT no es para eliminar las prestaciones sociales, subraya.
«Es lamentable que el empresariado, la cúpula empresarial venezolana le dé una estocada al movimiento de los trabajadores y piense solo para sí. Esos ejemplos los vimos en la Alemania nazi, donde el empresariado le dio la espalda a un pueblo. Parece exagerado, pero no es exagerado, porque más de 7 millones de venezolanos se han ido; es una emergencia humanitaria inducida para ejercer control social», enfatiza Torres. «El llamado a la cúpula empresarial es a la reflexión, porque nadie rescata a Venezuela solo. Está mal pensar en los intereses particulares de un sector si lo que está en juego son los derechos de todos. Esto pasa también por los derechos civiles y políticos, porque necesitamos justicia, libertad y democracia».
-¿La encrucijada nos puede llevar a qué?
-Hay que hacer efectiva la defensa de los derechos y reconquistarlos, o perderlos para siempre. Esa es la encrucijada y eso pasa por la defensa de los derechos sociales y por buscar justicia, libertad y democracia que permitan mantener esos derechos. Se conjugan en esa encrucijada todos los derechos del pueblo venezolano. No se recuperan los derechos sociales y económicos sin los otros derechos. Es el rescate de una Venezuela de oportunidades. Tenemos las riquezas, la gente, los trabajadores y los sectores sociales que, unificados, podemos rescatar a Venezuela. Nos quieren quitar todo y nosotros tenemos que ganar todo.
-¿Está disperso el movimiento laboral?
-Hay una pugna por los liderazgos, y resulta que todos nos necesitamos. Ahora no es el momento de un liderazgo individual egoísta, sino de un liderazgo colectivo donde todos sumemos, con todas las fuerzas que tenga cada quien, para que esa fuerza unificada defienda los derechos sociales y económicos y rescate la libertad, la justicia y la democracia.
-¿Quién unifica a esa dirección?
-El movimiento de los trabajadores puede dar un ejemplo al país. El ejemplo de los trabajadores debe inspirar a todo el pueblo para el rescate de Venezuela. El reto es la unificación, las circunstancias nos llevan a la unificación. No unificarnos es perder salario, prestaciones, derechos laborales. Es mucho lo que tenemos que perder. Por eso el llamado. Le tengo mucha esperanza al rol de la universidad venezolana, los trabajadores de todo el país. Los trabajadores de las empresas básicas han dado una clarinada histórica. Guayana despertó y eso se va a sentir y se está sintiendo en toda Venezuela.
-¿Qué puede hacer la universidad?
-La creación de la coordinación unificada de los trabajadores y el planteamiento del programa de lucha, que pasa por las exigencias socioeconómicas y las exigencias civiles y políticas. En ese planteamiento la UCV y todas las universidades están ayudando.
-¿Deben restablecer la alianza con Fedecámaras?
-Hay que seguir insistiendo en el llamado al sector empresarial venezolano. Estamos buscando la verdadera recuperación económica del país. La OIT, la oficina del Alto Comisionado, la Misión de Determinación de Hechos, la fiscalía de la CPI están apoyando para que Venezuela salga de la crisis estructural. La situación amerita que nos respetemos, que el empresario reconozca y entienda que las prestaciones son un derecho histórico de los trabajadores, y que los trabajadores entiendan que no se trata de destruir al empresario sino de lograr un pacto nacional que en lo económico implica la conjugación de capital y trabajo. Recuperar el país implica incorporar a todos los sectores. La base es el respeto por la institucionalidad, la Constitución y las leyes.
-¿Hay cómo demostrar el exterminio?
-La investigación de la CPI se fue por los crímenes de lesa humanidad. Hay una política de exterminio en Venezuela, pero la investigación de la CPI ya está encaminada por los crímenes de lesa humanidad.
-¿Qué hace el Ministerio del Trabajo?
-Los dos últimos ministros del trabajo han hecho algo muy grave, que es el no reconocimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT. La OIT es un organismo de alto nivel, pero los ministros no las reconocen. Lo primero que deben hacer es reconocer la vulneración de los derechos de los trabajadores y las recomendaciones de la comisión de encuesta. En Maderas del Orinoco despidieron a 1.700 trabajadores, porque están sacando madera pero no reforestan. Rodney Álvarez solicita reenganche, y el ministro dijo que se le pasó el lapso para solicitar su reenganche, aunque estuvo 11 años preso. Esa fue la respuesta del ministro en la OIT.
-¿Cuáles son las consecuencias de la bonificación del salario?
-Maduro pretende eliminar de facto el salario y nos lleva a un terreno donde es la calle y el reclamo de los trabajadores lo que tiene que hacer valer la Constitución y la ley. Todo lo que el trabajador percibe de manera continua y permanente es parte del salario; así lo establecen la ley y la jurisprudencia. Los gremios nacionales y el liderazgo tienen que hacer el llamado a los trabajadores para que esas pretensiones sean derrotadas.
-¿Ante la OIT se podría hacer algo más?
-Reconozco a Servando Carbone y el trabajo que hace. Es una de las personas que más sabe del funcionamiento de la OIT, y quien ha mantenido documentación y denuncia con quejas formales ante la OIT, que han sido escuchadas y están pendientes. Por parte del equipo que él dirige se están planteando estas vulneraciones al salario. En los próximos días a la OIT le va a tocar informar los resultados de las tres sesiones de diálogo. incluso, a las centrales que entraron a ese dialogo les toca dar la cara ante el pueblo sobre si lo que estaban discutiendo era la eliminación de las prestaciones.
No deja de nombrar a los trabajadores presos que sigue defendiendo: Reynaldo Cortés, Emilio Negrín, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Johanna González y Guillermo Zárraga. ¿Qué se necesita para que salgan? «Que el gobierno de Maduro cumpla con las recomendaciones de la comisión de encuesta; que cumpla con lo que han dicho dos relatorías de la ONU, el alto comisionado y la misión de determinación de hechos y el director de la OIT».
-¿Qué pueden hacer los gobiernos cercanos a Maduro?
-Es mucho lo que pueden hacer, porque tiene que deslindarse de un gobierno que apresa a los trabajadores. Tienen que exigirle y salvar su responsabilidad porque no están de acuerdo con esta situación.
