El 23 de febrero hubo «un ataque contra la población civil» por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro que se calificaría como crimen de lesa humanidad, advirtió este lunes el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV).
Los días 22 y 23 de febrero al menos 58 personas fueron heridas de bala en la frontera de Venezuela con Brasil y en la frontera con Colombia, puntualizó.
Romero recordó que asesinaron a cuatro indígenas en el municipio Gran Sabana pero aclaró que no han podido confirmar el fallecimiento de personas en Táchira.
«La situación en Santa Elena de Uairén (Bolívar) es muy grave» porque continuaron los allanamientos, la represión contra la población. Hay «un ataque muy específico y muy grave» contra un pueblo indígena «que no ha cesado», subrayó.
Hay 10 personas detenidas de la comunidad de Kumarakapay, y nueve de ellas se consideran desaparecidas porque no se sabe dónde se encuentran, alertó el abogado. Las aprehensiones presuntamente las perpetraron funcionarios del Sebin.
«Estamos evaluando la aplicación de tratados internacionales» por tratarse de población indígena agredida por el Estado, explicó.
