El organismo más letal fue la PNB, seguido de policías estadales y el Cicpc. La Fuerza Armada suma 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales
En el año 2022 policías y militares asesinaron a 824 personas, de las que 323 ni siquiera están identificadas, denunció este viernes Lupa por la Vida. «La mayoría eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que viven en zonas populares», detalló el informe.
Dieciocho de las víctimas son mujeres, lo que implica un aumento de 2,18% en comparación con el año 2021.
Los cinco estados con mayor cantidad de víctimas son Aragua (135) Miranda (117), Zulia (100) Carabobo (96) y Bolívar (56).
Lupa por la Vida es una base de datos construida conjuntamente por Centro Gumilla y Provea.
«El organismo más letal fue la Policía Nacional Bolivariana con un total de 196 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. De ellas, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y 2 a la extinta FAES», recoge la investigación.
En su conjunto «las policías estadales produjeron la muerte de 193 personas (23%). Resaltan por su letalidad los cuerpos de policía estadal de Carabobo (49), Zulia (41) y Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12). El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 142 asesinatos (17%). En estos casos las posibilidades de impunidad son mayores, puesto que las investigaciones, si es que se realizan, les
corresponde llevar a este organismo policial. Los mismos que causan la muerte son los que investigan».
La Fuerza Armada suma 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%), 111 de ellas perpetradas por la Guardia Nacional Bolivariana.
Ciertamente desde 2020 se ha reducido el número de personas asesinadas. «En 2020 se contabilizaron 3.034 víctimas; en 2021 la cifra disminuyó a 1.414 y en 2022 hubo 824. La reducción porcentual entre 2020 y 2021 fue de 46,6%, mientras que en 2022, en contraste con 2021, fue de 58,2%».
El año 2022 «mostró una continuidad en la disminución del número de víctimas reflejado en el informe 2021. Si bien este aspecto es positivo, no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar. Tampoco hay indicadores claros para señalar un cambio en la política de alta letalidad ni medidas eficaces para superar la impunidad», reporta el documento.
En esta oportunidad «se añade como preocupación el que se retomaron intervenciones en zonas populares, que repiten formas de procedimiento usadas en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), con tendencia a dar mayor protagonismo a la Fuerza Armada y la toma de áreas geográficas con violencia indiscriminada contra la población».
Para Lupa por la Vida «tan alto número de muertes es la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen. Dicha impunidad es también una política de Estado. Tampoco existe voluntad de adelantar investigaciones genuinas de los más altos responsables de los crímenes», señala el informe. Se añade a esto «el respaldo institucional que reciben los funcionarios policiales y/o militares, por parte de altas autoridades de la gestión pública y los altos mandos, en el uso letal de la fuerza, obviando normas nacionales y estándares internacionales del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte».
La versión oficial «es justificar la muerte ocasionada argumentando que la víctima enfrentó a los
funcionarios. Un análisis detallado de 120 minutas policiales muestra una misma narrativa para
fundamentar cómo ocurrieron los hechos que condujeron a la muerte del presunto delincuente». En todas «se afirma que al ser vista la persona en actitud sospechosa y darle la voz de alto, procedió a hacer uso de las armas lo que obligó a los funcionarios a repeler el ataque. El presunto delincuente herido es trasladado a un hospital donde todos mueren. Presumimos que lo que en realidad sucede es que la persona asesinada es trasladada para disimular un auxilio humanitario y además alterar la escena del lugar donde se perpetra el asesinato».
No hay información oficial sobre la desaparición de la FAES, apuntaron. «Nuestro monitoreo pudo constatar la desaparición progresiva de la actuación de las FAES en operativos de seguridad y el cambio de las fachadas de las sedes operativas sustituyendo las siglas FAES por la Dirección General contra la Delincuencia Organizada (DGCO) y las siglas Dirección de Investigaciones Penales (DIP)».
