La ONG Centro para los Defensores y la Justicia indicó que el 50 % de los victimarios fueron los funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo, el 29 % fueron medios de comunicación afines al oficialismo, 17 % personas o agrupaciones «afecta a los intereses políticos del Estado», 3 % instituciones públicas y 1 % organismos de seguridad
En Venezuela se registraron 105 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el mes de enero de este año, 90 más que en diciembre, cuando se computaron 15 casos, informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales», señaló la ONG en su más reciente informe.
Señaló que ha habido un aumento de la «violencia institucional» en contra de las personas y organizaciones defensoras, a las que algunas autoridades y políticos califican de «enemigas», «traidoras» y «desestabilizadoras».
Del total de casos, 68 fueron de estigmatización, 25 de intimidación y hostigamiento, 10 de amenaza, una detención arbitraria y un ataque digital.
«En distintas plataformas digitales, medios de comunicación y espacios institucionales como las sesiones parlamentarias se realizaron señalamientos criminalizando la defensa, exigencia y promoción de derechos, mediante campañas sistemáticas de desprestigio en contra de organizaciones no gubernamentales», subraya el informe.
La ONG indicó que el 50 % de los victimarios fueron los funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo, el 29 % fueron medios de comunicación afines al oficialismo, 17 % personas o agrupaciones «afecta a los intereses políticos del Estado», 3 % instituciones públicas y 1 % organismos de seguridad.
En lo que va de año, varias organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiación de las ONG y que, aseguran, incluye la persecución a actores humanitarios, «suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico».
El proyecto inicial de ley -que está siendo revisado en el Parlamento, impulsado por la mayoría oficialista- contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
