Hasta septiembre de 2022 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 692 protestas contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Los maestros hicieron retroceder al gobierno del mandatario Nicolás Maduro
Probablemente nunca como este año la palabra «Onapre» estuvo en tantas bocas al mismo tiempo. El instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, ejecutado a partir de marzo y que redujo el ingreso de los trabajadores del sector público en más de 40%, fue la gasolina que motorizó buena parte de las protestas. Concentraciones a las puertas de la propia Onapre, del Ministerio de Finanzas y de la Vicepresidencia Ejecutiva quedarán para cualquier relato sobre 2022. Varias veces los gremios universitarios cerraron la autopista Francisco Fajardo -o Cacique Guaicaipuro- para hacerse escuchar.
Lo que buscaba el instructivo es «aplanar el salario», subrayó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV). Tuvo un antecesor: el memorándum 2792.
«El salario de nosotros se encuentra desmejorado, violando la ley del trabajo», denunció en junio Jesús García, popularmente conocido como Nazareth y dirigente de Supra-Caracas. «Se encuentra en riesgo el patrimonio salarial del trabajador», aseveró. Aunque el Tribunal Supremo de Justicia llegó a decir que el instructivo de la Onapre no existe, lo cierto es que esta circular (de la cual no hay registro en físico) cercenó salarios y beneficios.
También se organizaron movilizaciones en Parque Carabobo, a las puertas del Ministerio Público, en Caracas. Allí acudieron, entre otros, trabajadores siderúrgicos a denunciar que el plan de contingencia iniciado en 2019 los tiene en las calles. «Hemos ido a todos los entes competentes», afirmó uno de los manifestantes, «y nadie nos da respuesta».
Ni resignados y arreglados: Los trabajadores mantuvieron una agenda de manifestaciones que incluyó en su recorrido el Ministerio del Trabajo, así como la consignación de cartas y documentos. Hasta septiembre de este año el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contó 692 protestas para rechazar el instructivo de la Onapre. «Solo durante el mes de septiembre se contabilizaron 111 protestas».
Sánchez considera que lo único claro es que el instructivo de la Onapre forma parte «de un paquetazo que busca unificar los salarios de los trabajadores violentando los derechos constitucionales». Y que incluye el encarcelamiento de dirigentes gremiales, como Emilio Negrín. «Hay más de 200 trabajadores presos por pelear los derechos de la clase trabajadora, los derechos consagrados en la Constitución». Como lo denunció en julio pasado Pedro Eusse, secretario de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, hay una política «de criminalización de la lucha sindical y del derecho legítimo a la protesta».
La primera visita oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a finales del mes de abril, no disipó las concentraciones. Las protestas se mudaron al hotel Renaissance, donde se reunieron representantes de centrales sindicales, de la OIT y del gobierno del mandatario Nicolás Maduro. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, enumeró algunos temas que la OIT debía abordar en la segunda visita: «Un patrón represivo que se ha desatado desde la última visita, la jubilación exprés de dirigentes sindicales, la persecución, el hostigamiento». Contreras señaló que, debido a las circunstancias, «los trabajadores tenemos que seguir ejerciendo la herramienta más poderosa: la protesta».
Sin embargo, los docentes lograron una victoria: después de manifestaciones casi diarias en la entrada del Ministerio de Educación, y de marchas por el centro de Caracas, el gobierno tuvo que echar para atrás el pago fraccionado del bono vacacional. «Hicimos recular a Maduro y se logró el pago del bono vacacional para los docentes», destacó Ana Rosario Contreras.
Dirigentes gremiales evalúan que, detrás de medidas como la de la Onapre, hay otra intención: Adelgazar la administración pública. «Este plan consiste en lo que quería aplicar Carlos Andrés Pérez con su paquete: reducir la nómina del sector público», especialmente de los sectores educación y salud, indicó Deyanira Rodríguez, directiva de Sinatra-UCV. Aunque no se despide a los empleados, se les paga tan poco que ellos se van «sin importarles prestaciones, reclamo de pensiones». A su juicio «necesitan reducir aún más la administración pública en la gran venta que están haciendo de Venezuela».
