La esperanza de comerse una hallaca con sus seres queridos llevó a varias familias a solicitar al Ministerio que ejecute las boletas de excarcelación pendientes y que haga las pruebas psicosociales
Las pancartas de los familiares y amigos de tres trabajadores de Pdvsa presos se cruzaron este miércoles, en la sede del Ministerio de Servicio Penitenciario (El Rosal), con las cartas y carteles de los familiares de presos comunes. Sus historias diferentes se unieron en la misma ilusión: lograr que sus seres queridos sean liberados y pasen la Navidad en familia.
Funcionarios del Ministerio sacaron una mesa y varias sillas y se sentaron a escuchar y a apuntar las solicitudes. El primero que tomó la palabra fue Antonio González, integrante del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de Lxs Trabajadorxs Presxs, quien explicó los casos de Johana González, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba.
González, recluida en el INOF, tiene boleta de excarcelación desde hace más de ocho meses, pero no ha sido ejecutada. Chirinos y Torrealba, encarcelados en su vivienda, necesitan que se les practique la prueba psicosocial para beneficiarse de la libertad condicional. En los tres casos la respuesta está -al menos, formalmente- en el ministerio penitenciario.
Después de Antonio González pudo exponer su caso Luis Urbina, esposo de González. Incluso, presentó la copia de la boleta de excarcelación.
En la cola para ser atendida se hallaba Tania Carrasquel, madre de un joven preso en la Policía de Chacao. «Llevo meses esperando la prueba psicosocial para mi hijo, que está en la Policía de Chacao desde hace tres años, y no me han dado una respuesta de cuándo se la van a hacer. Yo necesito que me den una respuesta ya para mi hijo», demandó.
Su hijo, de 31 años de edad, está acusado de presuntamente cooperar para un homicidio. «Él ha pagado eso. Ahora volvieron a reconstruir el caso, volvieron a llevarlo al tribunal, volvieron a hacer el mismo juicio por el mismo caso. Desde hace tres meses espera por la prueba psicosocial». La prueba permitirá, afirmó, que recobre la libertad. «Espero poderme comer una hallaca con mi hijo, en mi casa, este año».
La hilera de solicitudes aumentó con la de María Márquez Rodríguez, quien acudió al ministerio para solicitar que se garantice el traslado al tribunal de su hijo, Walter Alexis Rodríguez, preso desde hace seis años en la cárcel de Tocuyito (Carabobo). Las boletas llegan a tiempo, explicó, pero no hay transporte para trasladar al recluso a Caracas a fin de ser presentado en el tribunal. «El transporte sale muy poco, y cuando llega, siempre hay un inconveniente, que si los guardias, que si no dejan salir a los imputados. El transporte llega muy poco», detalló.
La señora aseguró que en todo el tiempo de reclusión a su hijo «no le han hecho una audiencia preliminar, tiene un retardo procesal demasiado largo». Contó que está preso debido a una llamada telefónica que presuntamente lo involucra en un secuestro. «Desde 2016 está en la Mínima de Tocuyito y no ha tenido juicio. Hicieron una audiencia preliminar el 8 de septiembre y mandaron a subsanar el expediente; el 23 de septiembre llegaron las partes pero el señor fiscal no llegó a la audiencia. A partir de allí ha sido diferida, diferida, diferida». Este 15 de diciembre debe celebrarse la continuación de la audiencia preliminar, aclaró, y para eso debe ser trasladado al Tribunal 44 de Control, en Caracas.
«Tiene 34 audiencias en Valencia y aquí van 27 audiencias. Son 61 audiencias, algo que no tiene nombre. 61 audiencias suspendidas; solamente han hecho dos. Por cualquier causa, la suspenden», criticó.
No es la primera vez que los familiares de presos se presentan en la sede del Ministerio. Y, como lo adelantaron los dirigentes del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de Lxs Trabajadorxs Presxs, tampoco será la última.
