La organización defensora de los derechos de los niños Cecodap considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe fijar una posición en torno a la demanda interpuesta por los abogados de una de las víctimas de William Vahey, quien abusó de decenas de alumnos durante su ejercicio docente en la Escuela Campo Alegre
Carlos Trapani, director general de Cecodap, fue consultado sobre el tema, específicamente sobre la omisión de justicia por parte de los tribunales de Lopnna de Caracas y el retardo de la Sala Social del TSJ para fijar la audiencia que ponga fin al litigio y establezca la responsabilidad del colegio por los abusos cometidos por su docente durante los viajes de receso de primavera a varios países.
Al respecto, Trapani pregunta “qué es lo importante en ese caso?’’, e inmediatamente responde: “que el TSJ fije una posición, que le otorgue o lo niegue, pero que diga algo. No puede estar tantos años una situación de indefinición”.
Los abogados Javier Pipkin y Eddy Méndez solicitaron a la Sala Social fijar la audiencia para cerrar la demanda civil por abuso sexual que sufrió un estudiante a manos del profesor norteamericano contratado por la Escuela Campo Alegre (ECA), institución ubicada en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda.
Pipkin y Méndez hablaron en nombre de la víctima, quien para el momento de ocurrir el hecho contaba con 12 años de edad.
El caso guarda relación con prácticas de pedofilia masiva por parte de William James Vahey durante viajes organizados cada Semana Santa.
La audiencia en la Sala Social ha sido suspendida en dos ocasiones por diversas razones, explicó el abogado Méndez, quien recordó que ese acto estuvo pautado para el 28 de julio y 29 de septiembre pasados.
“El llamado que le hacemos a la Sala Social es a cumplir su compromiso con la justicia, con la sociedad venezolanal, hace falta una sentencia ejemplarizante en este caso, nadie está por encima de le ley”, declaró Méndez.
“Necesitamos que la Sala Social fije fecha pronto para la celebración de la audiencia final, la justicia debe ser expedita; este es un caso con un retardo procesal exagerado”, acotó.
Al concluir Méndez señaló que «los juicios de Lopnna están diseñados para durar menos de un año y el presente ya va para ocho años».
