Los pensionados quieren ser escuchados por la organización. Los trabajadores públicos solicitan que interceda para que se derogue el instructivo de la Onapre y se libere a los trabajadores presos
Regresa a Venezuela la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y comienzan de nuevo las expectativas sobre lo que pueda suceder en materia laboral en el país después de un año especialmente conflictivo. Los pensionados quieren ser escuchados, los trabajadores públicos esperan que este organismo inste al gobierno de Nicolás Maduro a derogar el instructivo de la Onapre, los gremios abogan por la liberación de los trabajadores presos y cada sector tiene una esperanza particular.
Este lunes 26 de septiembre se instaló el diálogo, aunque con menos visibilidad que el celebrado en abril pasado. La OIT actúa en Venezuela ante la violación de los convenios 26 (salarios mínimos), 87 (libertad sindical) y 144 (consulta tripartita), y se suponía que en este nuevo encuentro habría algunos avances. De acuerdo con líderes gremiales y sindicales no ha sido así. Por el contrario, las conversaciones se retoman mientras uno de sus protagonistas, el dirigente sindical Emilio Negrín, permanece encarcelado con acusaciones de supuesta conspiración.
¿Qué se puede esperar, entonces, de este espacio con la OIT?
«Lo primero que puede hacer la OIT en relación con los presos es recomendar su liberación. Para que el diálogo social se concrete se necesita que los actores tengan confianza, que se posibilite participar. Y en este caso se está lastimando a uno de los actores fundamentales del diálogo social», señala José Gregorio Afonso, profesor de la UCV y directivo de la Asociación de Profesores de la casa de estudios.
No solo se debe convocar el diálogo tripartito para la fijación del salario «sino convocar al diálogo social con las organizaciones autónomas del movimiento sindical y social, y eso supone reconocer a los sindicatos y gremios que no están plegados al gobierno, facilitar su reconocimiento y los procesos de negociación colectiva y empezar a discutir algo que es capital para los trabajadores: los ingresos y los beneficios», indica Afonso.
La OIT debería, también, insistir en el cese de la unilateralidad: «Nunca más el memorándum 2792 y el instructivo de la Onapre», resume. «Eso debería quedar como una conclusión: para avanzar en el diálogo social el gobierno debe cesar la política de establecer políticas laborales unilaterales que viola todo lo que acuerdan en negociación colectiva las organizaciones sindicales». Si no, no tiene sentido el diálogo social, reitera Afonso.
Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, ratificó la semana pasada que es «con la pensión del Seguro Social con que debe empezar el diálogo con la OIT». Lozada confirmó que quieren sentarse con la OIT para decirle «que cumpla con lo que está establecido, porque no ha hecho ninguna reunión. Necesitamos sentarnos para lograr acciones».
Las pensiones están devaluadas «en 89% en relación con el aumento del mes de marzo, y además tenemos que sufrir que en este país todo en dólares se ha incrementado en un promedio de 25%. Vivimos un proceso continuado de precarización», denunció Afonso.
La OIT «tiene capacidad para sancionar, para excluir a los estados de las asambleas» y eso se inscribe «en el proceso de vigilancia, monitoreo y escrutinio de lo que está ocurriendo en Venezuela», recuerda Inti Rodríguez, coordinador del área de monitoreo e investigación de Provea. Rodríguez recuerda el informe que presentó la semana pasada la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en el que se exponen denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas por adversar el proyecto político hegemónico. Todo esto «fija aún más la mirada internacional sobre lo que ocurre en Venezuela».
Aunque Maduro se presente ante la OIT como el jefe de un gobierno obrerista la realidad es que «estamos ante el gobierno más antiobrero de nuestra historia contemporánea: un gobierno que destruyó el salario, las prestaciones y está persiguiendo y criminalizando a quienes están en las calles exigiendo sus derechos», remarca Rodríguez.
