Las sanciones que bloquean todos los bienes o intereses en Estados Unidos de los afectados y de ciudadanos estadounidenses relacionados con ellos, incluyen al Banco Corporativo (BanCorp), una subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el Gobierno venezolano
El Gobierno de Nicaragua llamó este miércoles nuevamente al cese de las sanciones económicas internacionales dirigidas a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega, y prometió respetar los derechos que garantiza la Constitución, en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa esa nación mesoamericana.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno nicaragüense pidió el cese de las sanciones económicas, ya que «son precisamente quienes están en mayor pobreza, los más afectados por esas medidas injustas».
El Gobierno de Ortega garantizó cumplir «con el respeto a todos los derechos constitucionales de nuestra democracia, considerando los derechos de todos los nicaragüenses, sin excepción».
Es la primera vez que Managua habla de respetar la Constitución de forma directa.
Entre los compromisos del Gobierno está la liberación de los «presos políticos», unos 809, según la organización opositora, Alianza Cívica, casi el doble de los que reconoce Ortega.
Otros temas que el Gobierno nicaragüense dijo estar dispuesto a discutir son el retorno de los exiliados, a los que acusó de estar «comprometidos en las acciones violentas del golpismo«.
También se mostró dispuesto a negociar la presencia de garantes de los acuerdos firmados y de reformas electorales acordadas con la Organización de Estados Americanos en 2017, un año antes del estallido social contra el líder sandinista.
