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domingo, 01 febrero, 2026
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Lo que acordó la Comisión de Contraloría de AN de 2015: Juicios, declaratoria de persona no grata y acciones para las redes eléctricas

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A pedido de Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo) se declara de interés y seguridad nacional la lucha contra la corrupción y sus delitos conexos en Venezuela

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de 2015 aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo sobre la corrupción en el Sistema Eléctrico Nacional, presentado por el diputado Guillermo Palacios, en el que se declara de interés y seguridad nacional la lucha contra la corrupción y sus delitos conexos en Venezuela

En sesión ordinaria la instancia parlamentaria recibió el documento por parte del parlamentario Palacios, quien presentó el proyecto de acuerdo. Se acordó llevarlo a la consideración de la Comisión Delegada, en su próxima reunión ordinaria.

También se acordó exhortar a los organismos competentes que extremen las medidas y estrategias necesarias para fortalecer y operativizar todas las redes eléctricas existentes en el país; y que, en aras de lograr estos objetivos, se coordine e intercambie información con todos los entes u organismos internacionales que tengan competencia en la materia y de esta manera se activen las plantas de energía que se están ampliando y construyendo desde el año 2002 aproximadamente y que a la fecha no se encuentran en funcionamiento.

Igualmente, solicitarán a los organismos judiciales, tanto de España como de Estados Unidos, que agilicen los juicios que adelantan en contra de Javier Alvarado, Néstor Villalobos, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad por su responsabilidad en los hechos de corrupción en contra del país y de los venezolanos. Además, declararon personas no gratas y responsables políticamente a los exministros de Energía Eléctrica de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, Hipólito Izquierdo, Ángel Rodríguez Gamboa, Argenis Chávez, Jesse Chacón, Luis Mota Domínguez y Néstor Reverol Torres, por considerar que son «agentes directos de la crisis de energía que existe en el país y por los hechos de corrupción que directamente inciden en la debacle del Sistema Eléctrico Nacional».

Finalmente, se solicitará a la Comisión Permanente de Política Interior, la redacción de una Ley de Extinción del Dominio, de todos y cada uno de los bienes y activos ilícitos provenientes o comprometidos con las actividades de corrupción y delitos conexos.

«Una de las causas fundamentales de la crisis humanitaria compleja que padecemos los venezolanos es precisamente por los hechos de corrupción enquistados desde hace más de 20 años en el país. Específicamente, la crisis eléctrica tiene que ver con la corrupción en la ejecución, de los recursos destinados para el mantenimiento, modernización y ampliación del Sistema Eléctrico Nacional», enfatizó Palacios.

Recordó que en el año 2000 se aprobó un crédito adicional en la Comisión de Finanzas, de 5 mil millones de dólares, para la ampliación, mejoras y reparación de todo el Sistema Eléctrico Nacional, de los cuales se ejecutaron unos mil millones de dólares.

«Hoy en el 2022, vemos que para el sector eléctrico se han destinados más de 100 mil millones de dólares, y el país está padeciendo apagones constantes, interrupciones del servicio eléctrico prolongados, racionamiento; este es el resultado de la irresponsabilidad y corrupción del régimen en la administración de los recursos de los venezolanos», expresó.

Destacó que en los años 2004 y 2005 el gobierno de Chávez ordenó regalarle a Cuba, recursos para su electrificación, a Nicaragua plantas eléctricas para que solventaran su problema de electricidad en ese país, y donaron 80 millones de dólares para desarrollar los proyectos de electrificación en Bolivia. «Este régimen tiene oscuridad para la casa y claridad para los demás, porque se donaron más de 70 mil millones de dólares para otros países aliados al régimen, que pudieron ser invertidos en el SEN venezolano y hoy no estuviésemos a las puertas de un apagón general en todo el país».

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