El 75% de los comerciantes señala que no ha podido adaptar sus operaciones al nuevo tributo que grava las operaciones en divisas y por lo tanto ha dejado de hacer operaciones en moneda extranjera lo que atenta contra su funcionamiento
«No queremos incumplir con la Ley», sentencia Tiziana Polesel al hablar de las complicaciones que se ha conseguido el sector del comercio y los servicios con la nueva Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
La presidenta de Consecomercio señala las empresas del sector «no estamos en capacidad de responder porque no existen «obstáculos para la instrumentación razonada de este impuesto».
«Al final el que sale perjudicado es el consumidor que no puede acceder a los bienes servicios que requiere para subsistir porque los empresarios no podemos suministrarlo, porque no existe una forma clara de aplicar este impuesto», dijo Polesel.
Luego se una consulta con sus agremiados se estima que el 75% no ha efectuado ninguna transacción, debido a las dudas en cuanto a la forma de hacerlo. «El 25% restante lo aplicó parcialmente, pero son empresas pequeñas en su mayoría», indicó.
Llama la atención sobre las limitaciones que existen para el acceso a las máquinas fiscales que exige la administración tributaria y en el caso de quienes las tienen no han podido ajustarlas.
“Se encuentran en proceso de adecuación de los Firmware de los equipos. Mientras las casas de software no validen las nuevas modificaciones, no pueden hacer cambios en sus sistemas. Varias empresas de software están esperando las actualizaciones para ir sacando nuevas versiones”, dijo Polesel.
Otro impedimento de cobrarlo se vincula a la forma de cálculo, ya en Venezuela se producen unas operaciones mixtas a la hora del pago y se complica el cálculo de la base imponible del tributo.
La dirigente empresarial afirmó que son muchos los comercios que han decidido no recibir divisas, hasta tanto no se aclare el procedimiento a seguir.
Indicó que «apenas ayer fuimos invitados a un ‘taller’, que en realidad fue una reunión en la que diferentes funcionarios de Finanzas trataron de justificar el impuesto. Explicaron que las medidas del Ejecutivo apuntan a fortalecer la producción nacional y, por ende, al incremento de la formalidad en la economía. Consideramos que las explicaciones no fueron suficientes, no cubrieron las expectativas y hoy estamos más convencidos de que no coincidimos con sus argumentos».
“Expertos en materia tributaria han expresado que este gravamen es una toma ilícita de la renta de los factores de la producción por lo que no puede atribuírsele el tratamiento de impuesto; además, de no estar anclado en la renta. No toma en consideración la capacidad económica del contribuyente sino un medio de pago”, dijo.
Basados en estos argumentos y otras consideraciones técnicas y operativas insisten en la prórroga o suspensión de la aplicación de este impuesto.
“Lesiona los derechos del trabajador e incumple las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajador (OIT), específicamente, el Convenio 144 que alerta sobre la legislación que afecta el funcionamiento empresarial como fuente de empleo en el país, debe ser consultada. Afecta el flujo de caja de las empresas y se ha convertido en un supuesto de múltiple imposición», indicó la líder empresarial.
