El Cicpc es el organismo policial con mayor cantidad de víctimas, explicaron el padre Alfredo Infante y el activista Marino Alvarado
La Alianza de Derechos Humanos Lupa por la Vida registró 1.414 ejecuciones extrajudiciales en el año 2021. Esto representa un descenso en comparación con el año 2020, cuando se reportaron 3.034 ejecuciones, explicó el padre Alfredo Infante, párroco de la parroquia San Alberto Hurtado, de la parte alta de La Vega.
Si en 2020 el cuerpo de seguridad más letal fue las FAES, en 2021 el dudoso «honor» le correspondió al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 347 víctimas (25%).
Lupa por la Vida es una alianza formada por el Centro Gumilla y Provea.
El 100% de las víctimas son de los sectores populares, denunció Infante. Debe cesar la política de criminalización de los barrios, enfatizó Marino Alvarado, del equipo fundador de Provea. Ser joven y vivir en un barrio es de alto riesgo, subrayó Alvarado.
Aun cuando valoró la reducción en el número de ejecuciones extrajudiciales en comparación con 2021, reiteró que sigue siendo un número elevado.
Es positiva la reducción, pero es una cifra todavía letal, sentenció Infante.
El Ministerio Público debe abrir las investigaciones, remarcó Infante, y la Defensoría del Pueblo debe actuar.
El activista de derechos humanos recordó que las FAES continúan operativas.
La reducción se debe, entre otras razones, a las labores de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, subrayó Alvarado.
