Carlos Salazar, integrante de la Coalición Sindical Nacional, explicó que están planteando «un petitorio nacional por la pensión, por el salario y por las deudas laborales que tienen todos los trabajadores; no solo los del sector público»
Las puertas del Ministerio del Proceso Social del Trabajo, en el centro caraqueño, se llenaron de gritos, pancartas y banderas este miércoles 26 de enero. Trabajadores activos y jubilados acudieron a la Plaza Caracas con la esperanza de ser recibidos por el ministro, José Ramón Rivero; sin embargo, ni Rivero ni otro funcionario conversaron con ellos.
Pero al ver cámaras de televisión y periodistas, otras personas se acercaron a exponer sus denuncias y a buscar micrófonos que multiplicaran su voz. El caso de un trabajador que reclama una indemnización de Sittsa después de sufrir un accidente. El reclamo del familiar de un docente con diagnóstico de cáncer, a quien no le dan respuesta en los hospitales para los tratamientos. Los propios manifestantes, con sus historias de hambre y tristeza.
Carlos Salazar, integrante de la Coalición Sindical Nacional, explicó que están planteando «un petitorio nacional por la pensión, por el salario y por las deudas laborales que tienen todos los trabajadores; no solo los del sector público». Se refirió a empresas como la tabacalera Bigott, con «trabajadores tercerizados desde hace más de 15 años». También, a Salva Foods, empresa supuestamente perteneciente al empresario colombiano Alex Saab, encarcelado en Estados Unidos. «A los trabajadores les deben más de seis meses de salario».
No hay manifestación en la que no se hable del memorándum 2792, firmado por el entonces ministro del Trabajo y hoy gobernador de Apure, Eduardo Piñate, sobre los lineamientos para la firma de las convenciones colectivas. «Esto dejó a los trabajadores con menos de tres dólares de salario», deploró Salazar. Igualmente, se quejó por el monto de las pensiones y el impacto de las carencias en los adultos mayores, a propósito del caso de dos profesores de la Universidad de Los Andes (ULA).
«Si en Venezuela no hay salarios suficientes para todos no hay economía que suba», enfatizó, segundos antes de rechazar «los achaques de Diosdado (Cabello) e insistir en que debe respetar. «Aquí debe haber un Estado de derecho, que no hay. Si hubiera un Estado de derecho un fiscal nacional hubiese imputado a Diosdado, por estar amenazando a la gente que se firme o no firme. Hay muchos trabajadores públicos metidos en eso, y nosotros lo vamos a defender».
En el pasado se buscó un mecanismo para sostener el sistema de pensiones, rememoró el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Rafael Arreaza. Los pensionados en la actualidad «han sido condenados a morir de miseria, porque siete bolívares no sirven para comprar absolutamente nada». Arreaza explicó que bajo su gestión las pensiones quedaron fijadas en 278 dólares: «Esos documentos quedaron escritos, los fideicomisos quedaron abiertos en el Banco Central de Venezuela y vaya usted a saber dónde está ese dinero o qué pasó».
La Coalición demanda que se convoque «una gran reunión de trabajo con las bases de trabajadores y asociaciones de jubilados» y asegura que «no saldremos de las calles». Se preguntó «qué ‘mano pelúa’ está detrás del sistema Patria».
Este 26 de enero, anunció Salazar, «comienza la agenda de los trabajadores hasta el 1 de mayo. A salir a la calle a reconquistar el salario, a salir a reconquistar una pensión que teníamos antes de 78% de la canasta básica».
Para los pensionados, acotó Arreaza, no se ve una solución en este momento; planteó que el IVSS «está quebrado técnicamente». «Habría que cambiar el gobierno para establecer confianza en los inversionistas nacionales e internacionales».
