Reunidos este miércoles en la Plaza La Moneda, personas de la tercera edad que dedicaron su vida a la administración pública, relataron ante los medios de comunicación, lo que significa «subsistir» con una pensión «de hambre»
Jubilados y pensionados nuevamente salieron a las calles en su empeño por «visibilizar» la realidad que los arropa, en medio de una economía a la que no pueden enfrentar.
Enfermos, algunos sin familiares cercanos y otros viviendo de la ayuda de vecinos, este sector de la sociedad civil reclama a la administración de Maduro «percibir una pensión justa y referente a la canasta básica» como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República.
Reunidos este miércoles en la Plaza la Moneda -detrás del Banco Central de Venezuela-, gremialistas en representación de jubilados y pensionados de todos los sectores del país, se concentraron una vez más para exigir mejoras en los montos correspondientes a los años de servicios en la administración pública, ya que 7,00 bolívares, más un «bono de guerra» de 3,00 bolívares «no les da ni para comprar una aspirina detallada», refirieron algunos consultados.
Testimonios
El coordinador del frente en defensa de los pensionados y jubilados, Luis Cano, indicó que dedicó cincuenta años a la administración pública, y considera además que la pensión por cúmulo de trabajo «es un derecho, y no una regalía», por lo que considera que «el gobierno de Maduro los está condenando a una muerte anticipada», dijo.
A sus 72 años de edad, manifiesta que no tiene ingresos ni para comprar un par de zapatos. También comentó que ha visto amigos de su edad «morir por soledad, hambre y desatención por parte de un gobierno indolente».
A su juicio, «el gobierno se ha encargado de una manera sistemática y continua violar los derechos humanos del sector de la tercera edad. Se ha olvidado en cumplir la Constitución, y los artículos que precisan velar por la población venezolana, en todos sus requerimientos», comentó.
Finalmente, dijo que este sector de la sociedad civil se mantendrá en las calles, amparados en el artículo 68 de la Carta Magna, que garantiza el derecho a la protesta.
Luisa Vallenilla se sumó a la protesta. Alzó su voz para exigir al resto de los organismos del Estado «velar por el bienestar de los adultos mayores, que ya le cumplieron».
A sus casi 90 años, ya refleja dificultades para caminar. No tiene ingresos extras para su sustento, pues depende del pago de la pensión y dijo «eso no alcanza para nada, es una humillación y burla, porque este país tiene dinero», acotó.
Por su parte, la presidenta de la federación del colegio de bioanalistas, Judith León, precisó que el sector de la tercera edad sigue siendo un grupo vulnerable «a quienes no se les garantizan condiciones de vida, como lo establece el artículo 80 de la Constitución: que puedan gozar de una vejez digna».
Frente al Ministerio Público
Otro grupo de trabajadores se concentró este miércoles frente al Ministerio Público, para exigir respuestas ante los innumerables escritos introducidos en el organismo.
Al grupo se sumaron gremialistas, entre ellos, la profesora Elsa Castillo, quien refirió que a la fecha son 8 mil trabajadores de distintos sectores «cuyos derechos son vulnerados».
Castillo precisó que hasta ahora los docentes no han recibido reajustes en sus salarios, «por ende el sistema educativo puede quedar sin docentes, ya que muchos están migrando a otros oficios para poder vivir», puntualizó.
