Justicia boliviana envía a prisión preventiva a exlíder cívico

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El exlíder cívico de la región altiplánica de Potosí, Marco Antonio Pumari, fue trasladado a la cárcel San Miguel de Uncía desde la localidad de Llallagua, a unos nueve kilómetros de distancia, donde se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares

La Justicia boliviana determinó detención preventiva para el exlíder cívico de la región altiplánica de Potosí, Marco Antonio Pumari, en la cárcel de la localidad de Uncía por seis meses en el marco de la investigación de la quema de un tribunal departamental en 2019.

El juez primero de instrucción en lo penal de la localidad de Llallagua, Raúl Barriga, determinó la prisión preventiva en la localidad de Uncía, a unos 360 kilómetros de la ciudad de Potosí, por supuestos «delitos electorales» ocurridos durante la crisis política y social en 2019.

La audiencia de Pumari duró al menos seis horas, finalizó cerca de la medianoche del sábado, en medio de un fuerte resguardo policial y sin dejar ingresar a la prensa a la audiencia, mientras que afuera del edificio de Poder Judicial había grupos de personas que le expresaban su apoyo y «fuerza» y otros exigían «justicia» y le llamaban «asesino».

Tras la decisión, Pumari fue trasladado a la cárcel San Miguel de Uncía desde la localidad de Llallagua, a unos nueve kilómetros de distancia, donde se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, según información de medios locales este pasado domingo.

El exlíder cívico dejó una carta manuscrita dirigida al país, en la que agradece el apoyo incondicional a él y a su familia y pide que «jamás agachen la cabeza» en la lucha frente a lo que consideró una «dictadura».

«Hoy con la mano en el corazón dejo al cuidado de mi pueblo lo más sagrado que tengo en esta vida, que es mi familia, mis amores, mientras dure esta prueba que me da la vida», señala en una parte de la carta difundida por las redes sociales.

Pumari es acusado por los presuntos delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado y obstrucción como delito electoral.

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