El alto oficial, Alejandro Pérez Gámez, es señalado de suministrar información del sitio donde se realizaría el acto con ocasión del 81° aniversario de la GNB, en la avenida Bolívar, donde explotaron drones cargados con explosivos C4 el 4 de agosto
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Penal, rechazó la propuesta de suspender el juicio que se le sigue al general de División de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alejandro Pérez Gámez, imputado por su presunta participación en el magnicidio frustrado perpetrado contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.
El alto oficial es señalado de suministrar información respecto al sitio donde se realizaría el acto con ocasión del 81° aniversario de la GNB, en la avenida Bolívar, donde precisamente explotaron drones cargados con explosivos C4 justo cuando Maduro pronunciaba un discurso.
Los abogados del general Gámez consignaron ante la Sala Penal una solicitud de avocamiento con el propósito de que el máximo tribunal del país corrigiera desviaciones observadas en el proceso abierto contra el alto oficial.
En ese sentido, los profesionales del derecho Eliecer y Yalira Granda, denunciaron el acta policial elaborada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que sirvió de soporte para el encarcelamiento de Gámez. Dicen que dicho documento es “una invención creada por los funcionarios de la Dgcim con el único ánimo de perjudicar de manera directa al General de División”.
También señalaron los abogados del General que la Dgcim engañó al Presidente de la República y al Ministerio Público «al presentarle el resultado de una investigación irresponsable (nombres de autores materiales, sitio de entrenamiento en Colombia, personas que mantuvieron conversaciones desde Colombia y Estados Unidos, enlaces en Venezuela) por cuanto dichas informaciones no son más que el producto de experticias técnicas efectuadas al vaciado de los teléfonos celulares y la Tablet incautados a los autores materiales».
Igualmente denunciaron que la acusación presentada por el Ministerio Público para solicitar juicio contra Gámez es «un evidente fraude a la Ley, toda vez que no existe un hecho concreto que se le atribuya…».
Al respecto, los magistrados de la Sala Penal respondieron que no era necesario solicitar un avocamiento porque «se trata de presuntas anomalías que pueden ser remediadas». Y recalcaron que «al ser palpable la eventual circunstancia de que las presuntas situaciones jurídico procesales infringidas en este asunto, puedan ser restituidas o solventadas por efecto de los remedios procesales ordinarios previstos en la ley».
Al momento de su detención, el general Gámez se desempeñaba como director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la GNB. El Ministerio Público lo señala como la persona que proporcionó información clasificada a los autores materiales e intelectuales del atentado ejecutado contra Maduro el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas.
Encuentro entre presidente del TSJ y Sebin
Gámez forma parte del grupo de 14 personas que permanecen detenidas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dgcim por el ataque con drones que pretendía acabar con la vida del Jefe de Estado.
El Tribunal Especial 1° de Control con Competencia en Casos Vinculados al Terrorismo, ha otorgado medidas cautelares de libertad a personas que con el correr del tiempo la Fiscalía descartó en la planeación y ejecución del hecho. Pero esas personas aún permanecen recluidas en el Sebin, situación que le fue planteada a los delegados de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidades en la visita exploratoria realizada a Venezuela.
La queja llegó a oídos del magistrado Maikel Moreno, presidente tanto de la Sala Penal como del TSJ, quien procedió a reunirse con directivos del Sebin, según fuentes del sistema judicial. En dicha reunión se ventilaron los casos de personas con boletas de excarcelación y que aún siguen presas. Moreno le dijo a los directivos del Sebin que las decisiones de los órganos del Poder Judicial son de estricto cumplimiento para todos, «máxime si vienen avalados por el Ministerio Público», informaron testigos del encuentro.
