El diputado (2015) Guillermo Palacios espera que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tome medidas contra los responsables de operaciones financieras
La historia traumática del sistema hidráulico Yacambú-Quíbor no nació ayer. La obra comenzó en el primer periodo del presidente Carlos Andrés Pérez, en la Cuarta República, y aunque en el pasado no se terminó, en la Quinta República tampoco. El presidente Hugo Chávez “se enamoró de la obra”, rememora el diputado Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo), y aunque los dos frentes de trabajo se encontraron en 2008 “a partir de ese momento empezaron a hacer contrataciones irregulares”.
Desde el año 2014 está paralizado el proyecto Yacambú, calcula. “En 2015 hubo una actividad muy pequeña, pero desde esa fecha para acá no ha habido actividad constructiva”. Y no solo paralizada: la obra está desmantelada.
Aunque el avance es de 92% la realidad es que mucho se ha perdido. “Los técnicos tendrían que medirlo” porque si se reactiva la obra “eso implica la movilización de maquinaria y equipos, la contratación de personal”.
En la obra se han invertido unos 2 mil millones de dólares “y de acuerdo con las investigaciones que hemos hecho se han malversado 600 o 700 millones de dólares”.
Palacios afirma que hubo una licitación amañada que ganó el Consorcio Yacambú 2008, empresa “que no tenía experiencia técnico, recursos humanos ni recursos financieros para una obra como esa”. En presuntos hechos de corrupción estarían involucradas entre 10 y 12 empresas.
-¿Al día de hoy hay alguna razón técnica que justifique la paralización?
-No. Está parada por corrupción.
Son dos las exigencias: que se termine Yacambú y que se construya la represa Dos Bocas (que tiene un avance de 8% o menos).
Yacambú es una obra muy importante “porque va a permitir el riego de 20 mil hectáreas en al valle de Quíbor, lo que tiene una incidencia nacional e internacional. El estado Lara se convertiría en un exportador de alimentos y cubriría al país”. Además, aportaría 10 mil litros por segundo de agua: 7 mil para riego y 3 mil para consumo.
La obra debe ser terminada, posiblemente con recursos internacionales, insiste Palacios. Pero también es clave “la determinación de responsabilidades de quienes han incurrido en un acto de violación de derechos humanos” porque “a más de un millón y medio de habitantes se les está restringiendo el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes”.
Las denuncias han sido formalizadas ante todas las instancias, pero solo se pronunció la Comisión de Contraloría del Parlamento con la determinación de responsabilidades del exgobernador de Lara, Luis Reyes Reyes; la exministra de Ambiente, Yubiri Ortega, y tres ingenieros.
Ahora “estamos en proceso de actualización del expediente en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional legítima, que preside Macario González”, detalla. “Como hay operaciones financieras que se realizaron en Estados Unidos y dieron origen a la paralización total de la obra, vamos a denunciarlas allá”. Espera que el Departamento del Tesoro tome medidas sobre los responsables y que se abra un juicio en EEUU. Estima la defraudación de unos 40 millones de dólares.
