Así lo precisó el más reciente informe publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones
De acuerdo con una investigación realizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),en los centros de detención preventiva (calabozos policiales o militares) la violencia sexual se ha vuelto «normal», según indicaron víctimas de este delito, en ocasiones cometidos por otras mujeres.
La investigación estuvo a cargo de María Corina Muskus, quien precisó que en los centros de reclusión que albergan mujeres «existen roles de poder donde un grupo de reclusas ejercen el control del centro de detención y utilizan distintas formas de violencia, incluida la sexual, para dominar a las demás privadas de libertad».
«Muchas mujeres nos informaron que a pesar de que ellas se identificaban como heterosexuales, eran forzadas a tener relaciones sexuales con otras reclusas sencillamente para sobrevivir, para tener alimentos, servicios de salud, entre otros; muchas de ellas son víctimas de violencia sexual en muchas dimensiones y esto es conocido, aceptado y tolerado por el personal de custodia”, explicó Muskus
Entre las principales agresoras destacan otras reclusas, hombres detenidos o el personal de custodia «quienes utilizan el chantaje o la amenaza para doblegar a las mujeres y forzarlas a sostener relaciones sexuales», aseguró Muskus.
A juicio de la investigadora , «la situación en las cárceles refleja una crisis de muchas dimensiones, cuya problemática principal es la inexistencia de políticas públicas diseñadas para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de acuerdo a los estándares internacionales, y específicamente, garantizar condiciones óptimas, con perspectiva de género destinada a atender las necesidades específicas de las mujeres», culminó.
Hacinamiento y otras consecuencias del retardo procesal en el país
En enero de 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró un total de 37.517 personas privadas de libertad en el país, de las cuales 2.318 son mujeres, lo que representa 6,2% del total de la población penitenciaria, de acuerdo al más reciente informe sobre la realidad de las mujeres presas en el país.
Muskus indicó que «las mujeres representen una minoría en la población carcelaria, y no significa que no sufran las consecuencias de la inexistencia de políticas penitenciarias con enfoque de género, trato diferenciado y adaptada a los estándares internacionales».
En cifras, la investigadora refiere que en Venezuela «existen 17 penitenciarias que albergan mujeres, 16 de ellas son anexos de cárceles masculinas en donde se habilitaron galpones y estacionamientos para ubicar a las detenidas. La capacidad instalada de los establecimientos para mujeres es de 2.154 plazas. Durante el primer semestre de 2021, la población penitenciaria femenina aumentó 6,2% lo que representa un total de 2.238 mujeres, lo que se traduce en un hacinamiento del 103,9%»
El INOF tiene una capacidad instalada de 350 plazas. Sin embargo, su población reclusa es de 533 mujeres, lo que se traduce en un hacinamiento con riesgo crítico de 152,2%. De las mujeres entrevistadas, el 75% aseguró que comparte celda con más de cinco mujeres.
Y dijo «las mujeres padecen hacinamiento en los centros de detención preventivas y los centros penitenciarios».
Agregó que el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) tiene una capacidad instalada de 350 plazas.
«Sin embargo, su población reclusa es de 533 mujeres, lo que se traduce en un hacinamiento con riesgo crítico de 152,2%. De las mujeres entrevistadas, el 75% aseguró que comparte celda con más de cinco mujeres», aclaró.
En cuanto a los servicios básicos, el informe del OVP reveló que más del 60% indicó que tienen acceso esporádico al agua, y esto limita que realicen una higiene adecuada y una gestión menstrual óptima. «64,6% aseguró que durante su tiempo de reclusión no ha sido atendida por un médico, en este sentido 62,2% señaló que no han recibido atención ginecológica en prisión».
Dijo también que el Estado no provee toallas sanitarias gratuitas para las mujeres encarceladas a pesar de ser un requerimiento, según los estándares internacionales. 31 mujeres, de las 65 entrevistadas, afirman que dependen de un familiar.
Finalmente, destacó que las mujeres que ingresan al sistema penitenciario son de ingresos económicos bajos y con inseguridad laboral.
«Además, algunas de las mujeres encuestadas afirman haber sufrido violencia sexual, abuso u hostigamiento por parte de una persona cercana. 68,8% de las encuestadas son madres y de ese porcentaje 30,2 tiene al menos dos hijos», concluyó la investigadora.
