El embajador venezolano aseguró que el informe «trasluce una mayor objetividad» que documentos anteriores más críticos con la situación de los derechos humanos en su país, aunque aseguró que ello «no niega el lamentable origen de un documento desprovisto de legitimidad por su perfil netamente hostil»
La delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció este lunes, que las sanciones impuestas por Estados Unidos están teniendo efectos como el bloqueo de la llegada de vacunas anticovid al país, un hecho que además está enfrentando a Caracas con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, señaló que un ejemplo del «crimen de lesa humanidad» que suponen estas sanciones económicas y financieras es el hecho de que hayan bloqueado el pago de millones de dólares de Venezuela al mecanismo COVAX, para el envío de 11 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19.
COVAX es el sistema de distribución de vacunas que la OMS y la Fundación GAVI pusieron en marcha para llevar dosis, sobre todo a países en desarrollo.
Constant lanzó estas acusaciones un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, diera un ultimátum a la OMS y le exigiera que entregara las vacunas adquiridas o le devolviera el dinero.
«Ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema COVAX, alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela», aseguró el mandatario venezolano a través del canal estatal VTV.
La OMS optó este lunes por no reaccionar a las palabras de Maduro, aunque la Fundación GAVI señaló en un correo electrónico dirigido a Efe que está intentando «resolver la cuestión lo antes posible».
El embajador venezolano denunció los problemas de acceso a vacunas, en una sesión en principio dirigida a repasar la situación de las libertades fundamentales en el país caribeño, con la lectura de un informe actualizado por parte de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En dicho informe, que coincidió con la conmemoración del Día de la Independencia en Venezuela, Bachelet, aseguró que las restricciones al espacio cívico «siguen siendo motivo de preocupación», en especial la «estigmatización, criminalización y amenazas contra las voces disidentes».
La expresidenta chilena puso el ejemplo de la reciente detención de tres miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes, y pidió que estos arrestados tengan acceso sin demora a abogados defensores de su elección.
Con todo, el informe constató progresos en Venezuela, con respecto a actualizaciones anteriores, como las reformas iniciadas en la Justicia y la policía, que ofrecen oportunidades, según la alta comisionada para «mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas».
También aplaudió la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de protestas de opositores al Gobierno de Maduro, y en apoyo a las reivindicaciones de Venezuela para que sigan los esfuerzos «que lleven al levantamiento de sanciones sectoriales unilaterales».
Bachelet afirmó que las condiciones de detención en muchos centros venezolanos siguen siendo preocupantes, aunque destacó la que el Gobierno de Maduro ha facilitado que funcionarios de su oficina visiten hasta 26 instalaciones de este tipo, para examinar la situación de los presos, incluyendo una del SEBIN (el cuerpo de inteligencia nacional).
El embajador venezolano aseguró que el informe «trasluce una mayor objetividad» que documentos anteriores más críticos con la situación de los derechos humanos en su país, aunque aseguró que ello «no niega el lamentable origen de un documento desprovisto de legitimidad por su perfil netamente hostil».
La evaluación periódica de las libertades fundamentales en Venezuela que el Consejo de la ONU lleva a cabo en los últimos años es, según el diplomático «producto de una iniciativa injerencista de un reducido grupo de países que mantienen abultados expedientes de graves violaciones a los derechos humanos».
Más tajante se mostró la delegación nicaragüense, que en apoyo a la venezolana acusó a Bachelet ante el Consejo de «fundamentar y justificar políticas agresivas y punitivas que pretenden someter a nuestros pueblos por hambre y enfermedad», algo ante lo que, aseguró, «responderá ante la historia».
La Unión Europea, por su parte, reiteró su preocupación por la represión a la oposición política venezolana y las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
