Provea señaló que, del operativo iniciado este sábado por la FAES, ya recibieron denuncias «de allanamientos sin orden judicial y violentos de viviendas, así como detención de jóvenes que transitaban por las calles»
Una nueva movilización de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB en La Vega, presuntamente contra la megabanda de El Coqui, este sábado 12 de junio, ratifica que las violencias continúan activas contra los habitantes de las parroquias La Vega, El Paraíso y zonas cercanas.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó la actuación de la Defensoría del Pueblo para evitar que «se produzcan, como en otras oportunidades, graves violaciones a los derechos humanos».
Avanzada la mañana de este sábado, Provea señaló que ya recibieron denuncias «de allanamientos sin orden judicial y violentos de viviendas, así como detención de jóvenes que transitaban por las calles».
Recientemente, Verónica Zubillaga, investigadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia Reacin, advertía que estos operativos solo generan más violencia. «Ya se conoce que, con estos operativos, los grupos criminales no se sienten disuadidos de actuar, sino al contrario: asumen la declaración de guerra y se preparan y se arman más para responder. Vemos en Caracas enfrentamientos entre grupos criminales y grupos policiales, enfrentamientos con armas de guerra como, por ejemplo, las granadas. Pero, ¿de dónde vienen las granadas?», se pregunta.
Pero además estas acciones causan la muerte de inocentes, como lo reitera el padre Alfredo Infante, párroco de la parroquia San Alberto Hurtado.
«Si en un operativo policial mueren aproximadamente 24 personas, y un porcentaje importante de las familias dan cuenta de que son inocentes, significa que hay una masacre, una violación alarmante de los derechos humanos»
En el libro «Revolución de la muerte» Luis Izquiel y Fermín Mármol García afirman que en Venezuela hay «ocho bloques de organizaciones de delincuencia organizada, algunos de los cuales controlan territorios y han creado especies de microestados en el país». Uno de esos bloques son las megabandas.
No se puede perder de vista -como lo advierte el criminólogo Keymer Ávila- que la violencia delictiva «está inserta dentro de una lógica de violencia estructural e institucional que la genera, la potencia y la define». Pero también, en el caso de las megabandas que operan en Venezuela, existe la «garantía para operar de manera impune, colaboración de cuerpos policiales y militares, complicidad de fiscales y jueces. Padrinazgos políticos y económicos, entre otras».
