El Nacional se hizo eco en 2015 de una noticia publicada en el diario español ABC y replicada en otros medios también sobre una causa en un tribunal de Estados Unidos que vinculaba con el narcotráfico a Diosdado Cabello
El diario El Nacional denunciará ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional el embargo de su sede, que define como «allanamiento», ejecutado por el Gobierno de Venezuela el pasado día 14, y para ello contará con un despacho de abogados español.
«El periódico ha resistido y va a seguir resistiendo la política de Estado (en Venezuela) contra el periodismo independiente y contra la libertad de expresión», afirmó este miércoles el presidente editor del diario venezolano, Miguel Henrique Otero, en una rueda de prensa en Madrid, en el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que llevará el caso.
«Estamos hablando de la libertad de expresión, que además de un derecho individual es una garantía de la opinión pública libre, sin la cual no hay democracia», afirmó Javier Cremades, socio fundador del bufete, al presentar las acciones legales que van a emprender contra el embargo de El Nacional.
Y defendió recurrir a instancias internacionales porque «la ley en Venezuela es papel mojado», dijo, y el delito de injurias por el que fue condenado «no existe».
Otero denunció ante la prensa el «allanamiento» que sufrió su periódico, ya que su sede fue «invadida» por la Guardia Nacional de Venezuela, después de que la Justicia de su país embargara el pasado día 14 todos sus bienes materiales como parte de la indemnización por «daño moral» de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una demanda del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
El Nacional se hizo eco en 2015 de una noticia publicada en el diario español ABC y replicada en otros medios también sobre una causa en un tribunal de Estados Unidos que vinculaba con el narcotráfico a Cabello, que entonces era presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Esta información desembocó en una denuncia por difamación por parte del influyente político venezolano y en la posterior sentencia de indemnización.
«La difamación es un instrumento por los regímenes autoritarios para acabar con el periodismo independiente», afirmó el máximo responsable de El Nacional, periódico fundado por su familia en 1943, quien denunció además que el juicio «estuvo plagado de irregularidades».
Otero, que estuvo este miércoles acompañado por el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, lamentó que en Venezuela «la justicia no existe» y por eso han decidido recurrir a instancias internacionales.
Además, aunque han sido reducidos a una página web después de haber contado con varias cabeceras informativas, y han pasado de tener 1.100 empleados a 60, se mostró categórico al afirmar: «Ellos han robado unas instalaciones, unas rotativas y unos terrenos, pero el periódico seguirá saliendo siempre».
Los abogados argumentarán ante el SIDH que en el caso de El Nacional no se ha respetado la libertad de expresión, ni el derecho de propiedad, puesto que, en su opinión, ha sufrido una incautación, además de no respetarse las garantías procesales.
