«Asumimos como dirección última que fuimos de las FARC-EP la responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de forma prolongada de civiles»
Jefes del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC admitieron este viernes de forma oficial su autoría en los secuestros de civiles y militares durante el conflicto armado, y así lo radicaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en una resolución judicial los llamó a responder por estos crímenes.
«Asumimos como dirección última que fuimos de las FARC-EP la responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de forma prolongada de civiles y de miembros de la fuerza pública», explicó el exjefe de las FARC y actual senador del partido Comunes Julián Gallo, conocido como «Carlos Antonio Lozada».
La JEP, surgida del acuerdo de paz de 2016 como sistema de justicia transicional, imputó el pasado 28 de enero a ocho miembros del antiguo secretariado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del «Caso 1», donde hay acreditadas 2.107 víctimas de secuestros y crímenes derivados, principalmente entre 1993 y 2012.
Los acusados por estos hechos son Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera (fallecido), Pastor Alape y Rodrigo Granda.
Los exjefes de las FARC radicaron su respuesta ante la JEP, que no se hizo pública aún, donde aceptan sus responsabilidades individuales ante las víctimas, y reconocen que había «una política» por parte de la antigua guerrilla de secuestros para financiar su oposición armada, ganar territorio y usarlo como ficha de cambio.
«Estamos reconociendo que hubo una política por parte de las FARC en relación a lo que fueron los secuestros», alegó Gallo en una rueda de prensa donde explicó el documento que presentaron hoy a la JEP como respuesta al auto. «Reconocemos que se dieron situaciones que no debieron suceder, pero que efectivamente se presentaron», añadió.
Sin embargo, especificaron que los maltratos, torturas, abusos sexuales y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se dieron y recopiló la JEP del testimonio de las víctimas no formaban parte de esa política, aunque sí reconocieron que estos delitos se cometieron.
«Se presentaron graves violaciones, afectaciones al DIH, que no fue una política de la organización en cuanto al maltrato y demás, pero aceptamos que se dieron esas realidades. Y lo aceptamos desde nuestro posición de liderazgo en la organización», explicó Alape también en la rueda de prensa.
La JEP determinó además la existencia de un patrón de malos tratos en cautiverio en todos los bloques de las FARC, como los encadenamientos como forma de castigo y humillación, marchas forzadas, agresiones físicas y sicológicas, vulneración de la intimidad, torturas, aislamientos y desplazamientos forzados, abusos sexuales, entre otros.
«Los casos de violencia sexual no fueron sistemáticos ni obedecieron a un patrón, pero reconocemos que se dieron esos hechos y desde luego estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponda por esos hechos que se dieron que si bien es cierto no correspondía a esa política, se dieron en esa política de secuestros», insistió Gallo.
En la primera resolución del «Caso 01», denominado «Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad», abierto el 4 de julio de 2018, la JEP estableció que de las 2.107 víctimas acreditadas, 394 son integrantes de la fuerza pública, y priorizó las «retenciones ilegales de personas por parte de las FARC, principalmente entre 1993 y 2012», investigación que abarca más de 9.000 hechos.
La JEP dejó claro en su resolución que estos secuestros no fueron «errores», como los ha llamado las FARC, sino crímenes de guerra, y en ese sentido, Alape reconoció abiertamente que «más allá de errores eran transgresiones al DIH», y que como «revolucionarios» asumen la responsabilidad y miran al futuro para que «no se repita esta tragedia».
«Nuestra disposición es responderle al país y a las víctimas y poder abrir ese horizonte de que algún día en este país efectivamente podamos tener paz duradera», añadió Gallo.
Se espera que además de este documento de más de 100 páginas que entregó hoy las FARC a la JEP, también la Procuraduría (Ministerio Público) y las víctimas presenten sendos informes con sus valoraciones de la resolución emitida en enero por ese tribunal.
De ahí, la JEP valorará si los acusados reconocen de forma plena su autoría, en un proceso que aún no tiene plazos, y en el futuro deberá emitir las sanciones correspondientes.
Con información de EFE
