El vicepresidente del comité, el diputado opositor José Gregorio Correa, dijo que al presentar el listado se entregan «cuentas claras a la ciudadanía» que respalda la opción electoral como la vía para resolver la crisis del país
El Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento de Venezuela informó este jueves que 103 personas han recibido la aprobación para ser candidatos a ocupar los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)
En total, «103 ciudadanos y ciudadanas se encuentran en la lista de elegibles, que se presentará el próximo día martes ante la plenaria» del Parlamento, dijo el presidente del comité, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, sin adelantar ningún nombre.
De acuerdo con el legislador, el listado, que debe ser evaluado en el Parlamento «desde el punto de vista político», se presenta después de un corte hecho entre los 158 aspirantes iniciales.
Por su parte, el vicepresidente del comité, el diputado opositor José Gregorio Correa, dijo que al presentar el listado se entregan «cuentas claras a la ciudadanía» que respalda la opción electoral como la vía para resolver la crisis del país.
Asimismo, señaló que se tomaron en cuenta «todas las opiniones y todos los pensamientos» a la hora de aceptar las postulaciones, y que el listado se elaboró con la votación unánime de los integrantes del comité.
El Parlamento venezolano, en el que el 92 % de los escaños están ocupados por chavistas, anunció, el pasado 19 de enero, que designará nuevos rectores electorales, debido a que los actuales se encuentran en ejercicio de forma «temporal» porque fueron nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante el «desacato» del anterior Legislativo.
De esta manera, el Parlamento inició el proceso para designar a los cinco rectores principales y 10 suplentes que comandarán el órgano electoral de Venezuela durante los próximos 7 años.
El TSJ declaró en «desacato» al anterior Legislativo, de clara mayoría opositora, casi inmediatamente después de su elección por no atender una sentencia en la que impedía a cuatro diputados indígenas incorporarse en sus funciones por la denuncia de un supuesto fraude que no se comprobó.
El antiguo Parlamento se mantuvo en «desacato» durante los cinco años de período legislativo y casi todos sus actos fueron declarados nulos por el Supremo.
