«Dentro de su Informe Preliminar La Relatora no señala que el presente régimen no ha aceptado la visita de los otros mecanismos de verificación de los derechos humanos, incumpliendo sus obligaciones internacionales y las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU», subrayaron
El Bloque Constitucional se pronunció acerca del informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre las sanciones, Alena Douhan, presentado la semana pasada. «Ante la presente crisis humanitaria de Venezuela, es necesario que el Secretario General de la Organización de la Naciones Unidas interponga sus buenos oficios y que exija al régimen que restablezca los canales financieros de la cooperación internacional humanitaria y que acepte y permita el restablecimiento de los diferentes mecanismos de ayuda internacional y el ingreso del Programa Mundial de Alimentos y el Covax o Plan Global para distribuir la vacunas contra el Covid 19, entre otros», subrayaron los integrantes del bloque
La visita de Douhan «es de mucha importancia para el país, por cuanto se hace en momentos en los cuales el régimen ha profundizado y exacerbado la crisis, al radicalizar sus políticas de gran impacto, tanto en lo derechos civiles y políticos como en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (“DESCA”) de todas las personas».
Pero,advierten, «dentro de su Informe Preliminar La Relatora no señala que el presente régimen no ha aceptado la visita de los otros mecanismos de verificación de los derechos humanos, incumpliendo sus obligaciones internacionales y las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, así como las múltiples recomendaciones de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos». Tampoco se refiere «al desacato reiterado de las sentencias y medidas cautelares decididas por los organismos del sistema interamericano de derechos humanos».
Las ONG de defensores de derechos humanos y de ayuda humanitaria y las víctimas de violaciones de derechos humanos, dentro y fuera del país, «deben expresar sus reservas, objeciones y correcciones sobre el Informe Preliminar de la Relatora y solicitar que en el Informe Final se precise que no se puede desconocer que los graves problemas, sus causas y exacerbación relacionados con los derechos humanos son previos a las sanciones».
El Bloque también precisó «que las diferentes y múltiples sanciones internacionales acordadas por organismos multilaterales, Estados y grupos de Estados en contra de altos funcionarios y de personas jurídicas estatales están contempladas según el Derecho Internacional para los casos en que los Estados incumplan con su responsabilidad de proteger los derechos humanos y de no incurrir en violaciones graves a estos derechos; ni cometer atrocidades en su territorio». Se justifican «cuando tales sanciones responden a la necesidad de que los gobernantes cumplan sus obligaciones internacionales de respeto, promoción, garantía y protección de los derechos humanos de su población, cuyas normas son imperativas y forman parte del orden público internacional, con las implicaciones que de ello se derivan».
