Opositores señalan irregularidades por 160 millones de dólares de una deuda que reclama Pdvsa a la empresa Petróleos Paraguayos
El Frente Guasu, la mayor fuerza de izquierda de Paraguay, instó este martes a las formaciones presentes en el Congreso a promover un juicio político al mandatario Mario Abdo Benítez, a causa de las negociaciones secretas mantenidas con emisarios de Juan Guaidó para reducir la deuda con la petrolera estatal de Venezuela.
El llamado de la concertación se produce una semana después de que el Gobierno reconociera que mantuvo contactos con emisarios de Guaidó, en los que se planteó una oferta que habría representado un ahorro de 160 millones de dólares de la deuda que reclama Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a Petróleos Paraguayos (Petropar).
La admisión del Gobierno se dio tras una publicación del rotativo estadounidense The Washington Post, lo que motivó críticas de varios partidos de oposición, y desde dentro del oficialismo, al no haber informado públicamente de esas gestiones.
En ese sentido, el Frente opositor exhortó a los partidos «con representación legislativa a no ser cómplices de estos nuevos escándalos de entrega, corrupción e impunidad» y «a dar los pasos correspondientes para que en la Cámara de Diputados se inicie el proceso de juicio político al principal responsable de esta situación, quien es el Pdte. Mario Abdo Benítez».
«Resulta inadmisible que cada vez que salta uno de estos nuevos escándalos el titular del Poder Ejecutivo pretenda desentenderse de los mismos, como si él no supiera nada de lo que sucede en el ámbito de las carteras y órganos de Estado», dice el comunicado.
La formación del expresidente Fernando Lugo, destituido en 2012 tras un juicio político, menciona como argumentos de su iniciativa varios escándalos de corrupción que estallaron durante el Gobierno de Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, en el poder desde 2018 para un mandato de cinco años.
Además, el Frente se remitió a la negociación secreta mantenida entre el Gobierno con el de Brasil, expresada en un acta de compra de energía de Itaipú, que tuvo al mandatario al borde del juicio político en agosto de 2019.
Esa amenaza se desactivó al no estar apoyada por el sector colorado que lidera el expresidente Horacio Cartes, entonces enfrentado con la corriente partidaria de Abdo Benítez.
El comunicado del Frente Guasu coincide con la aprobación hoy por parte de la Comisión Permanente del Congreso de convocar una sesión en la que se vote sobre una interpelación a Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia y la persona que se entrevistó con los emisarios de Guaidó en noviembre de 2019, en Asunción, la capital paraguaya.
Villamayor compareció la semana pasada en dos ruedas de prensa para responder sobre esos contactos, que según su versión partieron del entorno de Guaidó y en los que participó Javier Troconis, el comisionado nombrado por líder opositor venezolano para la gestión y recuperación de activos del país caribeño en el extranjero.
De acuerdo con Villamayor, se trataba de una oferta generosa para Paraguay, cuyo Gobierno reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Sin embargo, explicó que el proceso no avanzó al no existir garantías de que un posible preacuerdo fuera validado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, donde fue derivado el caso hace dos años por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Según Villamayor, el borrador que se estudió en Asunción con Troconis preveía una quita del 50 % del capital, dejando la deuda en 132.940.000 dólares, y que Venezuela «renuncia a todos los intereses moratorios, compensatorios, judiciales y extrajudiciales».
Dado ese testimonio, el borrador también comprometía a la parte venezolana a asumir el pago de 26 millones de dólares al equipo del abogado argentino Sebastián Vidal, que acompañó a Troconis en la reunión con Villamayor.
