Las organizaciones de DDHH están pidiendo “que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de Hechos» de la ONU para que siga buscando evidencias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, explica Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia
Con la investigación de 223 casos y en un informe de 443 páginas, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, concluyó que a partir de 2014 en el país, se han cometido crímenes de lesa humanidad. La investigación -a cargo de Martha Valiñas, Paul Seils y Francisco Cox- señala que el mandatario Nicolás Maduro y los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa tenían conocimiento de los hechos.
¿Qué cosas cambian con este informe? ¿Puede alimentar la investigación sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional? Alí Daniels, abogado, profesor universitario y director de la organización Acceso a la Justicia, lo explica a contrapunto.com. «El informe en sí mismo es un acto de justicia», sostiene. «Una cosa es que las víctimas vean que se denuncien las violaciones a sus derechos humanos, y otra cosa es que finalmente vean a los responsables de esas violaciones. El ponerle nombre y apellido a ese terrible acto que generó tanto dolor es, en sí mismo, una forma de justicia».
1)Se señalan responsables. Es un informe histórico, único en su género, y esta es la primera vez que se delimitan responsabilidades personales. Los informes anteriores de la alta comisionada, de la CIDH, como determinan la responsabilidad del Estado, “no tenían la obligación de señalar responsables”. En este caso sí. “Ya se habló de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Néstor Reverol y otros funcionarios de alta graduación”.
El informe “trata de determinar los que son responsables de la ejecución de las violaciones, más que los autores materiales”. Se entiende “que al ser actuaciones hechas como política de Estado, hechas sistemáticamente, obedecen a una orden, no obedecen a un funcionario que se volvió loco y torturó”.
La Corte no juzga al policía que mató y torturó, “lo importante para la Corte son los líderes: los que generan estas políticas que hacen que se cometan estas violaciones de derechos humanos”.
El aparato represivo no se usa “solo contra la disidencia, sino que también se utiliza como medio de control social”.
2)Los funcionarios señalados pueden ser llevados a la Corte Penal. “¿Cuántos? No hay un número. Pueden ser como pueden ser 10. Se trata de aquellos que tienen la máxima responsabilidad en la comisión de los delitos”. Es “la cadena de mando la que buscan”.
Recuerda que en Yugoslavia “fueron juzgadas 161 personas” por un tribunal especial creado para este caso. En el caso venezolano “pueden ser tantas como esas, 10 o 20, tres o cuatro”.
3) No significa que los funcionarios ya están enjuiciados. La Corte es independiente de Naciones Unidas, no está obligada a abrir un juicio, detalla. “No hay un juicio abierto. Lo que hay es un examen preliminar, una investigación preliminar a un juicio en la Corte, que es lo que lleva a cabo la señora Fatou Bensuda, y eso se encuentra en la fase 2, que es la determinación de si hay o no delitos de lesa humanidad”. Pero con el informe presentado este miércoles, “que dice expresamente que hay delitos de lesa humanidad, esperemos que la fiscal se pronuncie”.
Bensuda, en diciembre del año pasado, adelantó que se pronunciaría sobre el caso venezolano en el primer semestre de este año “y eso no ha ocurrido”. Este informe puede ser un aliciente para que la Corte honre la premisa de que hay una justicia universal.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede remitir un caso a la Corte, pero esta posibilidad “está negada por razones políticas”. Por eso el camino que las organizaciones vislumbran es el de la imputación por parte de la fiscal Bensouda, que “tiene que hacerse con nombres y apellidos”.
4)No hay persecución contra los señalados. “Como no hay una imputación ante la Corte, ni hay una orden de detención de la Corte contra nadie de Venezuela, efectivamente Nicolás Maduro y las personas señaladas en el informe sí podrían salir del país. El tema es que hay países que tienen sus propios juicios”, como Estados Unidos. “Si llega a haber la imputación” puede ocurrir el efecto Al-Bashir, expresidente de Sudán, quien solo viajaba a naciones donde no sería detenido.
5)Pero hay un impacto en su reputación. “Ya a partir del momento en que, por primera vez en la historia, un órgano de Naciones Unidas califica a un presidente en funciones de América Latina como violador de derechos humanos, usted me dirá quién lo va a invitar a tomar un café”. Hay “un daño reputacional importante en la medida en que no son las organizaciones de derechos humanos las que dicen que aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad, sino que es un órgano del nivel de la misión de determinación de hechos”.
Falta mucho para la justicia, enfatizó, pero “el hecho de que en el informe se haya entrevistado a víctimas directamente ya es un hecho de justicia en sí mismo, porque aquí se les niega lo que en ese informe se les da: reconocer que son víctimas y reconocer que contra ellos se cometieron delitos de lesa humanidad”.
6)Hay otros pasos. Lo que las organizaciones están pidiendo “es que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de Hechos, que se vence en septiembre; que se renueve por un año más para que puedan seguir buscando evidencias. Ya buscan evidencias. No están buscando saber si en Venezuela se torturó o no, sino las evidencias que puedan probar en un juicio, que puedan ser usadas en un juicio, que determinen la responsabilidad individual de aquellos que cometen esas atrocidades: torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”. También solicitan que se amplíe el mandato “a otros delitos que están en el Estatuto de Roma, como el ataque a la población civil y otros delitos de lesa humanidad”.
7) El camino nacional. El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, ha actuado en casos aislados y actuado contra autores materiales, refiere Daniels. En los delitos de 2014, 2017 y 2019 “el juzgamiento que se hizo fue a autores materiales y en muy pocos casos, pero a quienes dieron las órdenes, a quienes establecieron las políticas, a quienes crearon las directrices del Plan Zamora que citan en el informe, ninguno está juzgado”.
El abogado se pregunta cuántos jefes de comando han sido juzgados. “A nadie. Esto pone en evidencia que los responsables de la ejecución de esta política de ataque a la población civil no han sido juzgados, y eso es lo que debería hacer un fiscal serio e independiente”. Rememora que la Corte Internacional actúa “si los tribunales nacionales no lo hacen”.
