Señaló que a las autoridades venezolanas no les importa la pérdida de vidas por la COVID-19, ya que, solo buscan el control político y para ello empujan a los ciudadanos a un proceso electoral en momentos en que la pandemia ha enlutado cantidad de hogares
El abogado defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, expresó que el Estado venezolano, por su «irresponsabilidad e indolencia», continúa permitiendo que cada día mueran más médicos debido a la propagación del coronavirus. «No debemos permitir que mueran más médicos por la negligencia del Estado, que sin saber cómo enfrentar la situación y debido a la escasez de recursos por la misma dilapidación de los bienes de la nación, no brinda la protección debida a los profesionales de la salud, que están sucumbiendo ante la pandemia», dijo.
Manifestó que «estamos perdiendo a nuestros trabajadores de la salud, a nuestros médicos y especialistas en diferentes áreas sin que el Estado reaccione y busque ayuda internacional para la donación de material de bioseguridad y de esa manera puedan protegerse del contagio y continúen atendiendo a los pacientes».
Aseguró que «está demostrado que al Estado venezolano no le interesan las vidas humanas, y fustigó a las autoridades venezolanas, «que en ningún momento, cuando dan el parte de las cifras de los casos de la pandemia, hacen referencia a los médicos o enfermeras que se han contagiado o han fallecido a causa de la enfermedad».
Resaltó que ya antes de la llegada del nuevo coronavirus a Venezuela, la situación del sector salud era dramática por la falta de insumos, medicinas y equipos médicos y porque buena parte del personal de la salud ha emigrado a otros países buscando mejores condiciones de vida ante el estado de abandono en que ha caído el país.
«¿Cuantos médicos y trabajadores de la salud, deben morir por la COVID-19 para que el Estado se conmueva?» cuestionó Narváez, quien sostuvo que el Estado lo que ha hecho hasta el momento es tratar de sacar provecho político de la enfermedad.
Añadió que al pueblo le ha tocado vivir una situación país muy dolorosa. «Antes de llegar la COVID-19 a nuestro país ya la población caminaba hacia una crucifixión por la crisis sanitaria, escasez de medicamentos, colapso de los servicios básicos, los salarios de hambre, lo cual provocó una estampida de cinco millones de compatriotas a otros países, mientras que quienes se han quedado han sufrido persecución, represión y cárcel para todo aquel que levante su voz de protesta o difunda información que no le conviene a nuestras autoridades».
En tal sentido, resaltó que el Estado de Alarma y Excepción, decretado por el Ejecutivo, «con la excusa de romper la cadena de contagio, solo ha servido para ejercer un control social violando garantías constitucionales y derechos humanos».
Agregó que «con la complacencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, el Estado impulsa a la población hacia un proceso electoral nacional, multiplicando así los riesgos de contagio, lo que demuestra definitivamente que la vida para ellos no significa nada y que tan solo están preocupados por el control político».
