Exigen a las autoridades que tomen las medidas pertinentes
De acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a través de medios de comunicación o redes sociales de autoridades gubernamentales, se han confirmado 49 casos positivos de COVID-19 en reclusorios policiales: 2 en el estado Lara, 2 en Miranda, 9 en Táchira y 36 en Nueva Esparta.
La directora del OVP, Carolina Girón, destacó la importancia de que todos los reos de estos calabozos sean sometidos a las pruebas de rigor para descartar casos asintomáticos, en los que además se debería incluir a los funcionarios y a los familiares que llevan alimentos a diario, por tratarse de un virus altamente contagioso.
Asimismo, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideran que la población penal es una de las más vulnerables en el contexto de la pandemia por COVID-19.
«Dado el alto impacto que la COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad», señala el comunicado de la CIDH.
Girón también manifestó su preocupación porque los detenidos no tienen acceso a agua potable, sobreviven en condiciones insalubres y tampoco cuentan con atención médica; es decir, se ven imposibilitados a cumplir con las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para evitar la propagación del virus.
«El Estado venezolano debe garantizar el derecho a la salud y sobre todo a la vida de los privados de libertad, quienes se encuentran bajo su responsabilidad desde el momento de su detención», puntualizó la abogada y defensora de los Derechos Humanos en Venezuela.
