En febrero pasado los abogados que representan al organismo rector del deporte, USA Gymnastics (USAG), propusieron una oferta de solución de 215 millones de dólares en el caso de bancarrota federal
La gimnasta Simone Biles, la más galardonada de Estados Unidos y el mundo en su modalidad, se encuentra entre las deportistas que este lunes presentaron una demanda formal contra el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, en inglés) por abuso sexual.
Biles, que espera competir de nuevo en las olimpíadas de Tokio 2020, inscribió su nombre por primera vez en una demanda que le obligará a presentarse ante los tribunales de justicia.
Abogados de deportistas olímpicos como Biles, Madison Kocian, Aly Raisman, McKayla Maroney, Kyla Ross, Jordyn Wieber y Jamie Dantzscher, junto con otras 140 víctimas de agresión sexual del deshonrado médico del equipo nacional estadounidense Larry Nassar, presentaron una moción para solicitar el testimonio de directivos olímpicos actuales y anteriores.
En enero de 2018, Biles hizo su primera declaración en Twitter que revelaba que Nassar la había agredido sexualmente mientras estaba en campos de entrenamiento y competencias para el Equipo de EE.UU., cerca de Houston, donde reside la deportista.
La presentación judicial del lunes marca la primera vez que se identificó públicamente como demandante en la acción civil en curso, lo que la coloca en la posición única de demandar a las mismas entidades que sancionan su deporte.
La moción presentada en la corte federal de bancarrota en Indianápolis busca el testimonio, entre otros, de Susanne Lyons, la actual presidenta de la USOPC; Scott Blackmun, exCEO de la organización, y Alan Ashley, el exjefe de rendimiento deportivo.
Esa oferta, desde que fue rechazada por los más de 140 sobrevivientes de Nassar, estaba supeditada a que esos sobrevivientes libraran al USOPC de que se le hiciera cualquier reclamo actual o futuro.
Tal liberación significaría no solo que el USOPC no sería responsable financieramente de compensar a los sobrevivientes de Nassar, sino también que los directivos actuales y anteriores dentro de la organización no tendrían que ofrecer testimonio en forma de declaraciones judiciales.
“La intención es proteger a los sobrevivientes, para que ante la justicia y el público se conozca la verdad de lo que el USOPC sabía sobre el abuso sexual de sus atletas”, reclama la documentación oficial dado a conocer este lunes en la corte.
En una audiencia telefónica la semana pasada, Robyn L. Moberly, juez principal del Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos en el Distrito Sur de Indiana, dijo que sería un beneficio “enorme” para el USOPC si una propuesta de acuerdo de solución liberara a la organización de cualquier legalidad.
Con información de EFE
