Durante la sesión celebrada de forma virtual este jueves 28 de mayo los legisladores rechazaron la directiva encabezada por Luis Parra, Franklyn Durán y Goyo Noriega por violar el Reglamento Interior y de Debates del Parlamento y la Constitución Nacional. También acordaron alertar a Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, el Parlatino y el Parlasur «sobre la maniobra urdida por el régimen de Nicolás Maduro»
La Asamblea Nacional (AN) mayoritaria, encabezada por Juan Guaidó, seguirá sesionando a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que desconoce al dirigente opositor y avala la directiva liderada por Luis Parra.
Durante la sesión celebrada de forma virtual este jueves 28 de mayo los legisladores rechazaron la directiva encabezada por Luis Parra, Franklyn Durán y Goyo Noriega por violar el Reglamento Interior y de Debates del Parlamento y la Constitución Nacional.
También acordaron alertar a Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, el Parlatino y el Parlasur «sobre la maniobra urdida por el régimen de Nicolás Maduro».
La sentencia del TSJ busca «tratar de confundir a la opinión pública internacional», acusó Juan Guaidó. Insistió en que el TSJ legítimo «está en el exilio» debido a la persecución.
«La derrotada ha sido derrotada políticamente» e incluso diplomáticamente», aseveró.
Guaidó sostuvo que «no hay sentencia porque es una acción política». Solicitó que la AN investigue a «los diputados que fueron comprados».
«No vamos a retroceder», garantizó. «Seguiremos sesionando».
«El régimen de Maduro ha ordenado» que saquen «una decisión más disfrazada de sentencia» para sacarse de encima a Guaidó, denunció Delsa Solórzano.
La verdad «es que hay una legítima Asamblea Nacional con una legítima junta directiva» y más de 100 diputados que lo apoyan. Pero el país debe saber «que seguimos firmes y en la lucha», enfatizó Solórzano.
Rafael Veloz (Voluntad Popular) afirmó que «el régimen se esconde detrás del escudo de la pandemia» y pretende declarar «terroristas» a quienes protestan, a las organizaciones políticas. Denunció que la decisión «ya estaba tomada desde los primeros días de enero, pero por la vía de los hechos» y renovó el llamado a constituir un gobierno de emergencia nacional.
Veloz propuso que se lleve la denuncia contra el TSJ a Naciones Unidas, a la Federación Latinoamericana de Magistrados, el Parlatino y el Parlasur.
Luis Barragán (16 de Julio) rechazó la decisión «de una instancia que es administrativa del régimen para los asuntos judiciales» y que «pretende criminalizar a los parlamentarios» electos en 2015.
Mariela Magallanes (Causa R) advirtió que la sentencia solo busca ilegalizar al único poder legítimo que queda en Venezuela. Dijo «a los corruptos diputados» que no podrán detener «la libertad de Venezuela» y les recomendó: «No se equivoquen, porque la justicia a ustedes también les va a llegar».
Williams Dávila (AD) consideró que la sentencia «desvirtúa el derecho» porque atribuye a un amparo la potestad de legislar, y además prohíbe las sesiones virtuales.
Además «es un sentencia con un manifiesto interés político».
En Venezuela «no hay Tribunal Supremo de Justicia», opinó Juan Pablo Guanipa. «La única Asamblea Nacional es la asamblea presidida por Juan Guaidó, que sesiona todas las semanas y lo seguirá haciendo para atender los problemas del país».
Guanipa manifestó que el socialismo del siglo XXI «es el primer virus del que debemos cuidarnos todos».
