«Se conocen por lo menos dos casos de detenciones arbitrarias, en las que fuerzas del Estado indicaron que estaban buscando a personas con síntomas de COVID-19 y luego las privaron de libertad, para posteriormente presentarlas ante los tribunales sin que existiera previamente orden judicial alguna y sin que estuvieran cometiendo hecho punible alguno», subrayó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y el Observatorio de Bioética y Derecho
El uso de la COVID-19 como pretexto para detener ciudadanos fue denunciado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y el Observatorio de Bioética y Derecho.
«Se conocen por lo menos dos casos de detenciones arbitrarias, en las que fuerzas del Estado indicaron que estaban buscando a personas con síntomas de COVID-19 y luego las privaron de libertad, para posteriormente presentarlas ante los tribunales sin que existiera previamente orden judicial alguna y sin que estuvieran cometiendo hecho punible alguno», indicó la institución en en el trabajo «Reflexiones sobre la criminalización en el contexto de las pandemias, especial énfasis en la situación de Venezuela».
Las investigadoras Andrea Santacruz Salazar y Angélica Calzadilla Rodríguez también alertaron que el hecho de que una persona contagie a otra la convierta en penalmente responsable puede ser utilizado «en estados como el venezolano para la criminalización de todo el que sea diagnosticado con COVID-19».
Esto «puede conllevar a consecuencias tan atroces como la detención de una persona por el simple hecho de ser portadora de COVID-19 y no por su conducta, en una aplicación regresiva del derecho».
La Unimet también advierte -con base en el registro de detenciones arbitrarias de médicos- que «lamentablemente es un temor, fundado en el comportamiento actual y pasado del Ministerio Público, que este pueda seguir actuando de forma que el derecho penal sea una herramienta de persecución para la disidencia, situación que se puede profundizar en corto plazo».
