La organización también afirma que las medidas de EEUU dieron obstáculos a la hora de acceder a bienes en el país, lo que exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos durante 2019
Este jueves la organización Amnistía Internacional emitió su informe anual sobre Venezuela, en que afirman que las medidas económicas del gobierno fueron “ineficaces”.
En ese sentido, la organización destacó que Estados Unidos impuso en agosto sanciones a entidades gubernamentales de Venezuela cuyo “sobrecumplimiento”,
tanto en EEUU como en otros lugares, “dio lugar a obstáculos a la hora de acceder a bienes en Venezuela, lo que exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos”.
Ante esta situación, el informe asevera que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), siete millones de personas solicitaron ayuda humanitaria en Venezuela, al acabar 2019.
El informe también aseguró que durante el año pasado Venezuela “seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes“.
“Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia”, afirma el informe.
Además el estudio explica que en 2019 continuaron “las detenciones arbitrarias en el marco de la política de represión implementada por el gobierno de Nicolás Maduro”.
Durante las protestas de enero, que se produjeron luego de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunciara que asumía la Presidencia interina de Venezuela, se detuvo a más de 900 personas en cinco días, 770 de ellas en un solo día.
“Estas detenciones podían constituir también crímenes de lesa humanidad, ya que parecían formar parte de un ataque generalizado contra las personas a las que se percibía como disidentes”, apostilla AI.
Las personas que fueron detenidas arbitrariamente eran a menudo “sometidas a malos tratos, tortura y violaciones del debido proceso”.
Entre las personas detenidas arbitrariamente figuraba el jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, así como el diputado Gilber Caro, arrestado en dos ocasiones, la segunda junto con el periodista Víctor Ugas, y compareció ante el tribunal bajo la acusación de terrorismo.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, también fue detenido en mayo y permaneció recluido hasta septiembre.
Como parte de su informe, también recalca que el capitán retirado de la Marina Rafael Acosta Arévalo, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y falleció horas después de ser llevado ante un tribunal militar “con señales claras de tortura”.
Acerca del uso excesivo de la fuerza, AI también asegura que la Policía y el Ejército continuaron haciendo uso de fuerza excesiva y, en algunos casos, “intencionadamente letal contra manifestantes”.
