La defensa del diputado ha denunciado múltiples irregularidades en el proceso de Justicia como no respetar la inmunidad parlamentaria,
el retardo procesal y violentar su derecho a la defensa
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, cumple este lunes 9 de diciembre 490 días encarcelado y se tiene previsto retomar la audiencia de juicio en un proceso que debe ser público pero le impiden el acceso a diplomáticos que han querido presenciar el accionar del juzgado.
El abogado del parlamentario, Joel García, señaló que «la condición pública de los juicios es una garantía de la transparencia del proceso, e impedir que los diplomáticos estén presentes es evitar que ellos informen a sus naciones sobre la no separación de poderes, la falta de autonomía del juez y de la farsa montada en contra del diputado».
Reiteró que la presencia de los diplomáticos en la audiencia es realizar una contraloría del proceso, situación que se está obstruyendo.
Juan Carlos Requesens, es acusado de haber participado en el magnicidio frustrado contra el mandatario Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto de 2018, en la avenida Bolívar de Caracas.
El pasado 20 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para la protección al Diputado Requesens, y actualmente el grupo de trabajo sobre la de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas solicitó al gobierno de Nicolás Maduro, la liberación del parlamentario.
Desde el inicio de este proceso, la defensa ha denunciado múltiples irregularidades que vienen de la aprehensión, pues los hechos suceden el 4 de agosto 2018, y es el detenido 7 de agosto, violentándole su inmunidad parlamentaria, puesto que no se le había realizado el antejuicio de mérito que debe realizar la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, explicó.
A esta situación se le suma que «un parlamentario para ser aprehendido tiene que ser sorprendido en flagrancia, cometiendo un hecho punible o cuando acaba de cometer el hecho, van en persecución de él a poco de cometer el hecho, es agarrado cerca del lugar del hecho con objetos pasivos o activos que se relacionen con el hecho», dijo García.
En el caso de Requesens «no existe la flagrancia», puesto que fue detenido tres días después, sin una orden judicial por parte de un tribunal, lo que viola el artículo 44, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El abogado García señaló que la orden del tribunal fue emitida un día después el 8 de agosto y reiteró que según el artículo 200 de la carta magna, el proceso debería realizarse desde su vivienda y «Requesens nunca ha estado en su casa, siempre ha estado en el Sebin».
Además, al momento de la detención Juan Requesens, estaba acompañado de su hermana Rafaela Requesens, en ese momento presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y eso tampoco está reflejado en el informe, es decir, «eso fue hecho de manera arbitraria, sin orden judicial», así como el allanamiento a su vivienda.
«Todos estos elementos fueron ocultados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)», al igual, que los vídeos que le grabaron al funcionario legislativo bajo sustancias que desconocemos y que él no recuerda, donde le hacen confesar o incriminarse, diciendo que el fue quien pasó a un ciudadano desde Venezuela a Colombia», afirmó.
La defensa señaló que Requesens fue presentado fuera del lapso establecido en la Constitución que es de 48 horas, y además dictan las privativa de libertad por parte del Tribunal, quien declaró sin lugar todas las nulidades presentadas por la defensa como la inmunidad parlamentaria.
Reiteró que este proceso «no se retomo sino tres meses después que permiten a los abogados acceder a él, violando su derecho a la defensa porque nunca se pudo conversar para manejar una estrategia».
Posteriormente, es acusado de los delitos de instigación pública, homicidio calificado en grado de frustración contra Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra militares de la Guardia Nacional, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, traición a la patria y daños a la propiedad.
Después de la «acusación el tribunal dejó de dar despacho por un tiempo muy prolongado, aproximadamente tres meses y no nos dan acceso al expediente, es decir, toda la investigación se realizó a espalda de nosotros así como de Requesens y no fue sino hasta enero que convoca a la audiencia preliminar y no es sino hasta julio de 2019 que terminamos esa fase del proceso», dijo.
En otras palabras, «la audiencia preliminar duró 7 meses, donde el Ministerio Público estuvo acusado a los 17 imputados, con 7 meses para dirimir sus alegato, mientras que a la defensa se le dio 5 minutos para que esgrimiera sus argumentos», explicó el abogado.
La audiencia ha tenido seis difirimientos a lo largo del proceso preliminar y una vez en la fase de juicio. «El problema en el caso de Requesens radica en que tiene más de 15 meses preso y ahora es que estamos comenzando el juicio oral y público», puntualizó la defensa.
